El Gobierno aprueba el plan de igualdad 2026-2029 con una estimación de 22.611 millones en recursos ya previstos
El Ejecutivo sostiene que el programa no crea nuevas partidas de gasto. Nueve de cada diez euros de su memoria económica corresponden a igualdad económica, empleo y cuidados.
El Consejo de Ministros aprobó el martes el IV Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que abarca el periodo 2026-2029 y lleva asociada una memoria económica de 22.611 millones de euros. El documento reúne actuaciones de distintos ministerios y prestaciones de la Seguridad Social con impacto de género.
La cifra no representa una nueva dotación presupuestaria del Ministerio de Igualdad. Según el Gobierno, la estimación identifica y ordena recursos que ya se destinan a políticas de igualdad, sin crear nuevos programas de gasto. Para el contribuyente, el importe anunciado corresponde, por tanto, a una agrupación de recursos previstos, no a un desembolso adicional aprobado con este plan.
El programa se organiza en cuatro ejes: gobernanza y acción política; economía, empleo y reorganización de los cuidados; derechos efectivos para las mujeres; y lucha contra la violencia machista. Su desarrollo contempla 16 líneas de intervención, 34 objetivos específicos y más de 750 medidas.
Entre las novedades que destaca el Ministerio de Igualdad figuran la búsqueda de una inteligencia artificial sin sesgos de género, la respuesta a la misoginia digital, el reconocimiento de la violencia política contra las mujeres y la igualdad frente al cambio climático.
La memoria concentra nueve de cada diez euros en igualdad económica, empleo y reorganización social de los cuidados. Además, el Ejecutivo sitúa en más de 1.280 millones de euros las actuaciones de prevención, atención y reparación de las violencias machistas.
La aprobación coincide con las actuaciones de la Fiscalía Europea, con apoyo de la UCO, en el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas. La investigación examina un presunto fraude que afecta a fondos europeos destinados a adquirir pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por violencia de género.
La Fiscalía Europea ha comunicado que esa investigación comenzó el año pasado. Las actuaciones realizadas en ambas instituciones incluyen requerimientos de documentación sobre las pulseras.
Fuente: Libertad Digital · leer el original
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