El Gobierno alega ante el Supremo que no hay tiempo para ampliar la suspensión del voto a los hijos de beneficiarios de la ley de nietos

La Abogacía del Estado ha pedido a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo que rechace extender la suspensión cautelar del voto a los hijos de quienes adquirieron la nacionalidad mediante la ley de nietos y que también se hayan inscrito en el censo electoral de residentes en el extranjero. La representación jurídica del Gobierno sostiene que los plazos de la convocatoria del 29 de noviembre impiden identificar a ese colectivo a tiempo.

La ampliación solicitada por Iustitia Europa y Vox afecta a otro de los grupos a los que la Ley de Memoria Democrática de 2022 permitió solicitar la nacionalidad. Los 189.678 casos que habría que revisar incluyen tanto a hijos de nacionalizados conforme a esa norma como a hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Histórica de 2007.

La Abogacía sostiene que este último grupo debería quedar fuera de la medida cautelar en cualquier caso, porque la validez de la ley de 2007 no se ha cuestionado en el procedimiento. Su oposición combina así razones sobre el alcance del litigio con las dificultades administrativas de una nueva revisión.

Para justificar estas dificultades, el escrito recuerda que elaborar el listado anterior exigió mes y medio de trabajo consular. Justicia y Exteriores tuvieron que examinar 163.020 nacionalizaciones por la ley de nietos para identificar a quienes la obtuvieron sin haber acreditado documentalmente la condición de exiliados y entregar la relación al Supremo la semana pasada.

Según la Abogacía, ese trabajo movilizó a prácticamente todas las 172 oficinas consulares con funciones de registro civil. Fue necesario desarrollar herramientas informáticas, incorporar personal adicional, cancelar vacaciones autorizadas y exigir servicios durante fines de semana y festivos.

La revisión también conllevó cierres temporales al público de numerosas oficinas y la reasignación de personal dedicado a los servicios consulares ordinarios. El Gobierno argumenta que repetir la operación con un colectivo mayor resulta incompatible con los recursos disponibles y con el mantenimiento de los servicios públicos esenciales.

Además del impacto en la atención consular, la decisión afecta al ejercicio del voto de los ciudadanos incluidos en la solicitud. La Abogacía reitera su objeción inicial a la medida: considera que no está justificada una cautelar que bloquee un derecho fundamental como el de participación política.

Fuente: elmundo.es · leer el original