El desahucio solicitado por un propietario vulnerable en Vitoria termina con dos detenidos y 19 agentes heridos

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha comunicado la detención de dos personas, de 26 y 17 años, y la identificación de otras 58, la mayoría menores de edad, durante los incidentes de este viernes 23 de octubre. De los 19 agentes heridos, diez han necesitado asistencia.

Centenares de personas se han concentrado desde las diez de la mañana en torno al número 28 de la avenida de los Huetos para tratar de frenar el desahucio. El Sindicato Socialista de Vivienda, vinculado al Movimiento Socialista, había convocado una acampada en los alrededores desde el jueves.

El dispositivo inicial contaba con medio centenar de agentes de la Brigada Móvil llegados de Vizcaya para apoyar a la Policía local de Vitoria. Durante la concentración se han producido lanzamientos de botellas, petardos y bolsas con orina contra los policías. La Ertzaintza ha enviado refuerzos desde Guipúzcoa y ha realizado cargas con material antidisturbios.

El desalojo ha culminado después de que los agentes accedieran al portal, donde permanecían atrincherados decenas de manifestantes. El sindicato ha denunciado que la intervención policial en ese espacio ha causado varios heridos.

La familia desalojada está formada por ocho personas, seis de ellas menores. La portavoz sindical Ixone Santa María ha atribuido sus dificultades para encontrar otra vivienda durante el último año al racismo inmobiliario que, según ha denunciado, sufren por ser inmigrantes.

El propietario vive con su mujer embarazada y su hijo en una habitación de alquiler, la tercera que ocupan en cinco años, según la información de El Correo sobre su situación. Había arrendado el piso en 2018 mediante un contrato de tres años y una renta mensual de 600 euros.

Cuando el contrato terminó en 2021, comunicó a los inquilinos que no lo renovaría porque necesitaba recuperar su única propiedad para residir en ella. Ante la negativa a abandonarla, acudió a los tribunales. El procedimiento se prolongó durante cinco años, con sucesivas paralizaciones por los recursos de la familia basados en su vulnerabilidad.

El conflicto afecta así tanto al alojamiento de los seis menores como al acceso del dueño a su propia vivienda, mientras mantiene a su familia en una habitación alquilada. Durante el procedimiento, los inquilinos rechazaron alternativas de alquiler privado que rondaban los 850 euros mensuales.

El propietario acreditó su vulnerabilidad social en 2025 y la económica hace unos meses mediante informes técnicos del Ayuntamiento de Vitoria.

Fuente: abc.es · leer el original