El cónsul en Montevideo anuncia que seguirá tramitando la nacionalidad tras las cautelares del Supremo

El cónsul general de España en Montevideo, Juan Carlos Gafo, anunció el 17 de septiembre que la legación continuaría gestionando las solicitudes de nacionalidad recibidas al amparo de la ley de nietos. Lo hizo durante una charla informativa en el Centro Cultural de España de la capital uruguaya, una semana después de las medidas cautelares del Tribunal Supremo sobre el acceso al censo electoral de los nacionalizados por esa vía.

En su explicación a los asistentes, Gafo sostuvo que la suspensión afectaba únicamente a los descendientes de exiliados por motivos políticos, religiosos, de orientación sexual o de persecución que cumplían los requisitos originales de la Ley de Memoria Democrática. Añadió que ese grupo representaba una parte pequeña de los expedientes.

El alcance del auto era el inverso: el Supremo preservó el derecho al voto de quienes acreditaban esa condición y bloqueó cautelarmente la incorporación al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los beneficiarios de la ampliación administrativa de los requisitos. Era precisamente a estos últimos a quienes el cónsul había transmitido tranquilidad.

Para los solicitantes, la distinción afecta al ejercicio del voto: la continuidad de la tramitación de la nacionalidad anunciada por el consulado no elimina la restricción cautelar de acceso al CERA acordada por el tribunal.

La instrucción que amplió los supuestos fue dictada en octubre de 2022 por Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Presuponía la condición de exiliado de quienes hubieran abandonado España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Gafo también presentó un balance de la gestión consular: afirmó que habían recibido 50.000 solicitudes y que 16.000 ya estaban gestionadas con la nacionalidad concedida. Otras 18.000 tenían cita, pero seguían sin resolverse. El diplomático estimó que, con el equipo a pleno rendimiento, el proceso podría completarse en tres años, frente a los cinco que había calculado inicialmente.

Preguntado posteriormente por su interpretación, el cónsul no aclaró aquellas afirmaciones y defendió que la legación observa estrictamente las decisiones judiciales. Sostuvo además que, durante su gestión, el consulado se había limitado a cumplir las instrucciones recibidas, sin valorar cuestiones políticas o jurídicas.

Gafo detalló que el 19 de octubre remitió al Ministerio de Asuntos Exteriores la información relativa a los electores afectados, con el desglose requerido desde Madrid y dentro de los plazos establecidos por la Oficina Electoral.

Fuente: abc.es · leer el original