El ahorro necesita límites fiscales, no una sucesión de peajes

La fiscalidad del ahorro debe juzgarse por su carga conjunta, no por la habilidad del legislador para repartirla entre distintos impuestos. Un sistema puede encontrar una explicación para cada cobro y seguir sin justificar el resultado completo. La propiedad merece algo más que sobrevivir a la siguiente liquidación. También necesita previsibilidad.

Rubén Manso plantea esta discusión al describir la sucesión de gravámenes que puede afrontar el ahorro: sobre la renta con la que se constituye, sobre los rendimientos que produce, sobre su mantenimiento mediante los impuestos patrimoniales aplicables y sobre su transmisión a los hijos. El marco constitucional que recuerda exige atender a la capacidad económica y excluye el alcance confiscatorio del sistema tributario.

Conviene separar dos cuestiones. Ganar una renta, obtener un rendimiento y recibir una herencia no son el mismo hecho económico. Que exista tributación en diferentes momentos no demuestra, por sí solo, que cualquier gravamen posterior sea ilegítimo. La crítica liberal pierde fuerza cuando sustituye el examen de los impuestos por una prohibición automática de toda tributación sucesiva.

Pero tampoco vale la coartada inversa. Cambiar el nombre del impuesto no reinicia la capacidad de pago. Ni convierte su coste en invisible. Quien defiende un gravamen adicional debería justificarlo teniendo en cuenta los demás, no presentar al contribuyente como si acabara de aparecer por primera vez ante Hacienda.

Ahorrar implica aplazar una decisión de consumo para conservar recursos y disponer de ellos después. Esa libertad tiene valor propio. No necesita justificarse únicamente por la inversión que pueda financiar o por su utilidad para terceros. El propietario no es un depositario provisional de recursos pendientes de asignación política.

Por eso, el límite constitucional no debería tratarse como un objetivo al que acercarse cuanto sea posible. Que una carga no llegue a ser confiscatoria no demuestra que resulte razonable. Entre la ausencia de impuestos y la confiscación existe un debate sobre necesidad, proporcionalidad y seguridad jurídica que ninguna consigna resuelve.

La discusión útil consiste en exigir una justificación del conjunto y unas reglas que permitan decidir a largo plazo. No en presumir que toda riqueza está libre de obligaciones, ni que toda obligación adicional queda legitimada por recaer sobre ella. Hacienda debe justificar lo que cobra. El ciudadano no debe justificar lo que conserva.

Fuente: Libertad Digital · leer el original