La televisión pública se fiscaliza por sus decisiones, no por el habla de sus presentadores

El modo de hablar de un presentador no demuestra que la televisión pública esté mal gobernada. Confundir ambas cosas rebaja la exigencia al poder: donde debería haber un examen de decisiones aparece un concurso de descalificaciones. El contribuyente merece algo más útil. Y el profesional, una evaluación de su trabajo.

Emilio Campmany dedica una columna a sostener que David Broncano no debería presentar televisión por lo que describe como tartamudez. Lo compara con un telefonista de su antiguo regimiento y convierte esa característica en una prueba de ineptitud, antes de enlazarla con su descalificación del Gobierno. El argumento no examina una decisión concreta del programa: pretende resolver la competencia del presentador mediante un rasgo de su habla.

Ese atajo no es liberal. La libertad individual incluye no quedar reducido a una característica personal, también cuando se trabaja ante una cámara y se está expuesto a la crítica. Un presentador puede ser discutido por sus entrevistas, su humor o su capacidad de comunicar. Nada obliga a que guste. Pero la desaprobación necesita argumentos, no una supuesta incompatibilidad automática entre una dificultad del habla y una profesión.

Tampoco sirve como fiscalización del gasto. Que RTVE emplee recursos públicos justifica exigir criterios de contratación, control de costes e independencia editorial. No convierte cualquier burla sobre un trabajador en una investigación sobre el uso del presupuesto. El dinero público exige razones públicas. Una caricatura no es una auditoría.

Además, ese enfoque ofrece al poder una cómoda escapatoria: permite desplazar la discusión desde sus decisiones hacia el trato dispensado a una persona. La crítica acaba facilitando la defensa que pretendía dificultar. Se puede rechazar una programación sin despreciar a quien la presenta. Se puede cuestionar una contratación sin fabricar una prohibición profesional.

Defender el mérito significa juzgar el desempeño, no presumir la incapacidad. Esa regla vale para un favorito del Gobierno y para su adversario. Fiscalicemos el presupuesto y las decisiones. La dicción no es una cuenta pública.

Fuente: Libertad Digital · leer el original