Fedea cifra en casi 64.000 millones el déficit contributivo de las pensiones en 2025
Los investigadores estiman que la reforma de 2021-2023 deteriorará el saldo del sistema más de lo previsto por el Gobierno y proponen revisar el cálculo de las prestaciones y los ajustes ligados a la longevidad.
El déficit contributivo de la Seguridad Social ampliada, que incluye las Clases Pasivas de los funcionarios, alcanzó en 2025 casi 64.000 millones de euros, el 3,8% del PIB, según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Sus autores, Ángel de la Fuente, Miguel Ángel García y Alfonso R. Sánchez, advierten de que las transferencias del Estado reducen el déficit presupuestario visible, pero no eliminan el desequilibrio financiero.
Las claves
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Si se eliminan estas aportaciones y se consideran exclusivamente los recursos propios del sistema, el deterioro acumulado entre 2005 y 2025 alcanza los 67.300 millones de euros constantes, casi cinco puntos del PIB.
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Según Fedea, el déficit básico del sistema público de pensiones aumentará otros 2,3 puntos del PIB entre 2025 y 2050.
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La reforma contempla que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional eleve progresivamente los tipos de cotización desde 0,6 hasta 1,2 puntos porcentuales en 2029, manteniendo ese recargo al menos hasta 2050.
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El estudio distingue ese déficit contributivo del saldo presupuestario, que incorpora las aportaciones estatales. En 2005, la Seguridad Social registraba un superávit presupuestario de 13.100 millones de euros, a precios constantes de 2021. En 2025 presentaba un déficit de 7.200 millones, pese al aumento de las transferencias. Si se consideran únicamente los recursos propios, el deterioro acumulado entre ambos años asciende a 67.300 millones de euros constantes.
Fedea cuestiona que buena parte de las partidas financiadas mediante transferencias puedan considerarse gastos impropios del sistema contributivo, como sostiene el Gobierno. A juicio de los investigadores, trasladar su financiación a los Presupuestos Generales del Estado cambia la presentación contable, pero mantiene la necesidad de cubrirlas con recursos públicos.
Para los contribuyentes, esa financiación supone una mayor dependencia de los impuestos generales para pagar las prestaciones. Los autores advierten de que el volumen de recursos necesario condiciona la financiación de otras prioridades del Estado. También señalan que seguir elevando las cotizaciones puede perjudicar el empleo y la equidad entre generaciones, especialmente cuando los pagos adicionales no generan nuevos derechos de pensión.
La discrepancia con el Ministerio de Seguridad Social se extiende a los efectos de la reforma de 2021-2023. El Ministerio calculaba que las modificaciones deteriorarían el saldo básico en menos de un punto del PIB, incluso en el momento de mayor presión hasta 2050. Los modelos de Fedea sitúan ese empeoramiento por encima de tres puntos hacia el final del período.
Según el informe, la diferencia procede principalmente de las previsiones sobre los incentivos para retrasar la jubilación y el nuevo sistema de cotización de los autónomos. Los investigadores consideran que parte de sus efectos favorables sobre los ingresos quedará compensada por unas pensiones futuras más elevadas.
Fedea proyecta que el déficit básico aumentará otros 2,3 puntos del PIB entre 2025 y 2050. En ese escenario, las necesidades anuales de financiación adicional superarían el 6% del PIB a mediados de siglo, frente a algo menos del 5% en las proyecciones gubernamentales más optimistas.
Entre los incrementos de cotizaciones previstos figura el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, cuyo recargo pasa progresivamente de 0,6 a 1,2 puntos porcentuales en 2029 y se mantiene al menos hasta 2050. A él se añaden el aumento de las bases máximas y la cuota de solidaridad.
Los autores proponen ampliar gradualmente el período de cálculo de la pensión a toda la vida laboral, recuperar ajustes vinculados a la esperanza de vida y conectar automáticamente la edad de jubilación con la longevidad saludable una vez completada la transición a los 67 años.
A largo plazo, plantean estudiar un modelo de cuentas nocionales que vincule las prestaciones con las cotizaciones realizadas y el crecimiento económico. Su propuesta contempla una transición de varias décadas, con mantenimiento de las pensiones reconocidas y sin ajustes bruscos para quienes estén próximos a jubilarse.
Bosco Álvarez · Opinión
OpiniónSánchez sube la facturaFuente: Libertad Digital · leer el original
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