Sánchez abarata el aprobado

El Gobierno de Sánchez rebaja por escrito la ambición ferroviaria. Los nuevos convenios de Adif con el Estado prevén para 2030 cerca de un 20% más de incidencias imputables al estado de la infraestructura que en 2025. No es solo un pronóstico desfavorable: es el horizonte incorporado al marco con el que se evaluará la gestión. El deterioro pasa así de problema que corregir a referencia con la que rendir cuentas. El examen se ablanda antes de conocer el resultado.

Publicar una previsión incómoda es mejor que esconderla. La diferencia está en lo que se hace con ella. Un diagnóstico identifica dificultades; un convenio fija compromisos entre una empresa pública y el Estado. Trasladar la insuficiencia prevista al baremo de gestión cambia su función: ya no solo advierte del problema, también delimita cuánto deterioro cabe aceptar. La prudencia al calcular no convierte esa rebaja en rigor. Anticipar problemas y concederse un aprobado más barato son operaciones distintas.

Los documentos contemplan mejoras respecto a 2026, aunque varios indicadores quedarían en 2030 por debajo de las referencias de 2025. Elegir la referencia más baja abarata el éxito. Cuanto peor sea la base de comparación, menos recuperación hará falta para exhibir un avance. Ese avance puede ser real y seguir siendo insuficiente: el rebote no devuelve por sí solo la calidad anterior. Tampoco certifica la buena gestión de Sánchez. Para el viajero, la mejora cuenta por la fiabilidad recuperada, no por lo favorable que resulte el contraste.

En la red convencional, el convenio prevé más fondos para mantenimiento, pero ningún año de cumplimiento íntegro de los planes preventivos. El presupuesto crece; el compromiso de ejecución sigue sin abarcar todo el trabajo previsto. El mantenimiento pendiente ya entra en el pacto. No basta con consignar dinero para dar por hecho el trabajo. Al aceptar ese desfase durante todo el horizonte previsto, el Estado reduce la presión sobre Adif para cerrarlo. Lo que falta por hacer queda admitido incluso antes de empezar a evaluar.

Al pactar con Adif, el Gobierno actúa en nombre del contribuyente. La comodidad del gestor y el interés de quien paga no son lo mismo, aunque el Estado esté a ambos lados de la mesa. Una empresa pública no gana derecho a un examen más indulgente por pertenecer a quien la financia. Sánchez responde también por esas condiciones, no solo por las personas que ocupen los despachos. Los convenios seguirán midiendo resultados cuando cambien sus responsables. Sustituir nombres sin revisar las referencias deja la rebaja intacta.

Con ese examen, hasta el deterioro puede aprobar.