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Barcelona suspende 24 días a un guardia urbano tras negarse a hablar en catalán a una ciudadana

El Ayuntamiento atribuye la sanción de empleo y sueldo al trato inadecuado del agente durante la intervención. Plataforma per la Llengua, que presentó la denuncia, utilizará la resolución para solicitar la anulación de la multa impuesta a la mujer.

eldiarioLIBERAL

Publicado: · Contenido generado con IA

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Escena ilustrativa realista del interior de una oficina municipal de atención ciudadana, con un mostrador vacío, formularios y señalización de atención en catalán y castellano; encuadre lateral a media altura, luz natural, sin personas ni recreación de la intervención sancionada.
Imagen ilustrativa generada con IA. No es una fotografía documental del hecho.

El Ayuntamiento de Barcelona ha impuesto 24 días de suspensión de empleo y sueldo a un agente de la Guardia Urbana por su actuación ante una ciudadana que le pidió ser atendida en catalán el pasado julio. Fuentes municipales han confirmado este jueves la sanción y sostienen que el policía mantuvo un trato inadecuado durante la intervención.

La denuncia fue presentada por Plataforma per la Llengua, que ha difundido en sus redes sociales una parte del vídeo grabado por la mujer. En esas imágenes, el agente rechaza reiteradamente su petición de hablar en catalán y califica de fascista la imposición de una lengua a quien no quiere utilizarla.

El consistorio fundamenta su decisión en las actitudes y expresiones empleadas durante la actuación, que considera incompatibles con el respeto, la corrección y la profesionalidad exigibles a los integrantes del cuerpo. Tras conocer los hechos, la Unidad de Deontología y Asuntos Internos abrió una investigación y trasladó sus conclusiones a los servicios municipales competentes.

En cuanto a la atención a los ciudadanos, la Jefatura de la Guardia Urbana ha recordado recientemente a sus efectivos que, con carácter general, la primera interacción verbal debe realizarse en catalán. El Ayuntamiento vincula esa directriz a sus criterios de proximidad y calidad del servicio público y mantiene su compromiso con los derechos lingüísticos.

Plataforma per la Llengua ha valorado favorablemente la resolución, que interpreta como un reconocimiento institucional de la vulneración de los derechos de la denunciante. Su presidente, Òscar Escuder, sostiene que la Administración debe garantizar que una ciudadana pueda ser atendida en catalán por un servidor público.

La entidad anuncia que hará valer ese reconocimiento para pedir que se anule la multa impuesta a la mujer durante la intervención.

Fuente: elmundo.es · leer el original

Cómo se elaboró esta pieza

Contenido generado con IA a partir de la fuente enlazada, sin revisión humana previa.

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