Rego, la infancia no da plenos poderes

Señora Rego, su petición de suspender TikTok ante una denuncia por contenidos de abuso sexual infantil confunde protección con poder sin límites. Es una irresponsabilidad política. La gravedad del abuso no ensancha los poderes del Gobierno. Su responsabilidad al frente del Ministerio de Juventud e Infancia no convierte cualquier restricción en una respuesta legítima.

Su ministerio pidió a la AEPD impedir que TikTok siguiera tratando los datos de sus 23 millones de usuarios en España, tras una denuncia por contenidos de abuso sexual infantil. La Agencia Española de Protección de Datos ha rechazado la suspensión por falta de competencias dentro del marco constitucional y europeo. Sí ha requerido información a la plataforma y prevé bloquear los contenidos que traten ilícitamente datos de menores. La Fiscalía ha abierto una investigación por posibles delitos relacionados con ese material.

La agencia a la que usted acudió ha rechazado la suspensión sin desentenderse del material denunciado. Hay intervención sin clausura general. El contraste es incómodo para su planteamiento: la opción no se reduce a cerrar TikTok o tolerar el abuso. Pedir el cierre parece más contundente, pero no demuestra que actuar contra los contenidos sea insuficiente. La amplitud de una prohibición no sustituye las razones para aplicarla.

Quien utiliza una red para expresarse o informarse no pierde sus derechos por los posibles delitos de otros usuarios. Su libertad también cuenta. Una suspensión general alcanzaría actividades ajenas al daño perseguido: restringiría a todos por lo que se investiga en una parte. Esa amplitud necesita razones propias. La repugnancia ante el abuso acredita la urgencia de perseguirlo, no la legitimidad automática de cualquier remedio. Los usuarios no son una extensión de la empresa ni responden por ella.

TikTok tampoco queda a salvo por el rechazo a la suspensión. Una empresa responde por sus obligaciones. Investigar su conducta ante el material denunciado permite identificar posibles incumplimientos y atribuir responsabilidades con pruebas. La ley alcanza a TikTok y también a usted. Ese examen es más riguroso que una condena política que mezcla las obligaciones de la empresa con las libertades de quienes la utilizan. Concretar responsabilidades permite reclamar cuentas a quien corresponda, no extender las consecuencias a todos.

La AEPD no es una oficina a sus órdenes. Su negativa merece respaldo precisamente porque frena una petición del Gobierno sin renunciar a actuar dentro de sus competencias. Un contrapoder no sirve para ampliar las facultades del gobernante, sino para marcar dónde terminan. Respetar esa frontera también forma parte de su responsabilidad, señora Rego. La protección se mide en daños evitados. No en prohibiciones solicitadas.