El atajo electoral de Vox

La defensa del censo no da a Vox una licencia para extender suspensiones del voto sin garantías. El Supremo acierta al frenar su petición sobre los hijos adultos de nacionalizados por la ley de nietos. El límite protege al individuo frente a una restricción que no puede despacharse como una consecuencia automática del expediente de sus padres. El parentesco no sustituye al procedimiento.

Vox e Iustitia solicitaron extender la medida a 189.678 descendientes porque habían adquirido la nacionalidad a través de sus progenitores. La Sala reconoce esa conexión jurídica, pero considera que las notificaciones internacionales, los plazos para personarse y las tareas administrativas no pueden completarse antes de las elecciones del 29 de noviembre. Mantiene, además, la suspensión cautelar de 162.454 progenitores por indicios de presuntas irregularidades en sus inscripciones. Su criterio combina seguridad jurídica y estabilidad electoral.

La conexión justifica examinar las inscripciones, no prescindir del trámite para restringir derechos. Rechazar la ampliación tampoco equivale a dar por buenas todas ellas. La distinción importa. El derecho de defensa no es una cortesía para expedientes sencillos ni una molestia que apartar cuando crece la lista de afectados. Quien reclama una medida restrictiva acepta también las condiciones para aplicarla: no puede quedarse con la restricción y descontar el procedimiento. Una sospecha abre un examen. No cancela la defensa.

El calendario no concede poderes extraordinarios. Votar es ejercer un derecho en una ocasión concreta, no recibir un certificado utilizable cualquier día. Quien queda fuera de unas elecciones pierde una oportunidad que otra resolución no reproduce. La restitución posterior puede llegar vacía. Por eso, la proximidad de las urnas aumenta la responsabilidad de quien pide excluir a nuevos electores; no rebaja su protección. Abreviar las garantías para llegar a tiempo sería hacer pagar al afectado las limitaciones del procedimiento. La prisa no añade legitimidad.

Vox tiene derecho a impugnar decisiones administrativas, no a imponer sus remedios. Invocar la igualdad entre padres e hijos no elimina las diferencias procesales de incorporar nuevos afectados. La igualdad ante la ley incluye las garantías. Una derecha liberal defiende ese límite precisamente cuando frena una reclamación propia. El control judicial vale porque puede reconocer fundamento a una parte del recurso y rechazar otra, sin ponerse al servicio de la estrategia del recurrente. Recurrir a los jueces no convierte a los jueces en ejecutores de todo lo solicitado.

Denunciar no da derecho a saltarse garantías.