El Supremo rechaza suspender el voto de 189.678 hijos de nacionalizados por la ley de nietos

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado extender a 189.678 hijos mayores de edad de nacionalizados por la llamada ley de nietos la suspensión cautelar del voto que afecta a sus progenitores. Iustitia y Vox habían solicitado esa ampliación al considerar que ambos grupos debían recibir el mismo tratamiento, puesto que los descendientes adquirieron la nacionalidad española a través de sus padres.

El tribunal reconoce la conexión jurídica entre ambos colectivos, pero considera que revisar ahora esas inscripciones en el censo electoral exterior (CERA) provocaría una perturbación grave de los intereses generales. Las elecciones están convocadas para el 29 de noviembre, con la campaña a punto de comenzar y próximo el depósito del voto en los consulados.

La ampliación exigiría notificaciones internacionales, plazos para que los afectados pudieran personarse y nuevas tareas administrativas. Según la Sala, la Oficina del Censo Electoral y los consulados, ya ocupados en el desarrollo del proceso electoral, no podrían completarlas a tiempo. Los magistrados fundamentan su decisión en los principios de seguridad jurídica y estabilidad electoral.

Para los ciudadanos afectados, las dos resoluciones mantienen una diferencia concreta ante el 29-N: los 189.678 hijos no quedan sujetos a la ampliación solicitada, mientras que 162.454 progenitores continúan con el voto suspendido cautelarmente. En la segunda resolución, el Supremo desestima las alegaciones de la Asociación de Descendientes Españoles en el Mundo (ADEM) y del Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CEDEU) contra esa suspensión.

Esta última medida afecta a inscripciones vinculadas a la disposición octava de la Ley de Memoria Democrática y a la instrucción de Sofía Puente que amplió los requisitos relativos al exilio. El auto señala que, de los 163.355 expedientes tramitados hasta el cierre del censo, el 1 de agosto de 2026, únicamente 901 incluían pruebas directas de exilio. Estos ciudadanos quedan fuera de la suspensión y pueden votar.

La mayoría aprecia indicios racionales de presuntas irregularidades relevantes en la configuración del censo. Como ejemplo, cita 17.775 expedientes aprobados en el Consulado General de España en Buenos Aires sin que ninguno incluyera prueba de exilio. La Sala sostiene que permitir votar a personas cuyas inscripciones presentan esos indicios, distribuidas por todas las circunscripciones, podría alterar el escrutinio y la composición de las Cortes.

Los magistrados rechazan que exista indefensión y distinguen entre una privación definitiva del sufragio y una suspensión temporal y cautelar. Esa interpretación encuentra la oposición de la magistrada Alicia Millán, que considera irreversible el perjuicio de impedir votar en unas elecciones ya convocadas, porque ninguna sentencia posterior podría repararlo.

Millán sí respalda denegar la ampliación a los hijos, aunque por motivos distintos a los de la mayoría: entiende que la petición excedía el objeto inicial del recurso y que no había un cambio real de circunstancias que justificara modificar las cautelares.

En sentido contrario, el magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero defiende extender la suspensión a los descendientes. En su discrepancia sostiene que la integridad del censo debe prevalecer sobre el calendario electoral y que una actuación administrativa diligente habría permitido cruzar los datos a tiempo.

Fuente: abc.es · leer el original