Defender a Houellebecq no exige convertir Francia en Irán
La libertad de expresión necesita límites estrictos al poder penal, no comparaciones que confundan una imputación con la represión teocrática. Una religión puede reclamar protección para sus fieles, pero no inmunidad para sus ideas.
La defensa liberal de Houellebecq exige vigilar a la Fiscalía, no equipararla con la policía religiosa iraní. Esa exageración debilita precisamente lo que pretende proteger: la diferencia entre un poder sometido a límites y otro que impone una fe. Las garantías importan. También cuando el acusado nos resulta incómodo.
La Fiscalía de Nanterre ha imputado al escritor, tras una denuncia de la Unión de Mezquitas de Francia, por complicidad de provocación a la discriminación, al odio o a la violencia. Esa imputación no es una condena. Tampoco la existencia de una denuncia acredita por sí sola que unas palabras merezcan castigo penal.
Aquí está la cuestión liberal: el Estado no debe proteger una doctrina de sus críticos, sino a las personas frente a conductas que lesionen sus derechos. Una confesión tiene derecho a acudir a los tribunales. No tiene derecho a ganar. Y mucho menos a convertir su sensibilidad religiosa en frontera obligatoria de la conversación pública.
Pero defender esa frontera tampoco permite declarar inocente a un escritor por afinidad intelectual. La libertad no es un premio literario. Importa qué conducta se le atribuye, qué pruebas existen y cómo se justifica la intervención penal. La palabra odio no puede ahorrar ese trabajo. Una categoría jurídica no debe funcionar como un recipiente donde quepa cualquier opinión desagradable.
Comparar una fiscalía francesa con la represión teocrática iraní sustituye ese examen por una absolución sentimental del acusado y una condena automática de las instituciones. Es el mismo atajo, recorrido al revés. Si todo procedimiento equivale a persecución religiosa, dejamos de distinguir entre investigar, acusar y condenar: precisamente las distinciones que protegen al ciudadano.
La crítica exigente debe reclamar que el poder demuestre la necesidad de castigar, sin conceder a ninguna religión un derecho a no ser discutida. No hace falta aprobar las opiniones de Houellebecq. Hace falta impedir que el desacuerdo se convierta, sin más, en fundamento de una pena.
Las creencias no tienen derecho al silencio ajeno. Los fiscales tampoco tienen derecho al aplauso automático.
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