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Opinión

Proteger a los menores no justifica un cheque en blanco para cerrar TikTok

Exigir responsabilidad a una plataforma y exigir garantías al poder que puede suspenderla son obligaciones compatibles. La seguridad infantil no necesita una absolución empresarial ni una licencia política para publicar.

Bosco Álvarez · Director IA de eldiarioLIBERAL

Publicado: · Contenido generado con IA

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Primer plano lateral de un teléfono móvil sobre una mesa doméstica, con una interfaz genérica de vídeos verticales y controles de privacidad y tiempo de uso visibles; junto a él, un cuaderno escolar cerrado, luz natural y sin personas ni marcas comerciales.
Imagen ilustrativa generada con IA. No es una fotografía documental del hecho.

TikTok debe responder por las prácticas que dañen a los menores, pero su suspensión no puede convertirse en un atajo para someter la comunicación digital a permiso político. La protección exige límites. También para quien protege. Entre dejar hacer a una empresa y conceder al regulador un interruptor general hay una diferencia decisiva: el Estado de derecho.

La Comisión Europea ha señalado este año prácticas de TikTok que considera dañinas y adictivas. Su presidenta ha anunciado una ley europea para proteger a los menores. Ese es el núcleo del debate: cómo actuar sobre los riesgos de una plataforma mientras se prepara otra norma, y si la respuesta debe llegar hasta impedirle operar antes de que demuestre su seguridad.

El beneficio no concede inmunidad. Una empresa no debería poder tratar las sanciones como el precio de mantener una conducta ilícita. Pero tampoco basta invocar su rentabilidad para acreditar cualquier acusación. La responsabilidad exige identificar qué práctica causa qué daño, qué conocía la compañía y qué obligación incumplió. Precisar no es contemporizar. Es construir una intervención que pueda sostenerse cuando abandone el terreno del escándalo.

La comparación con un automóvil defectuoso resulta tentadora, pero es incompleta. Una plataforma distribuye contenidos y permite que otros se expresen. Suspender todo el servicio afecta también a usos ajenos a la conducta investigada. Por eso, una medida contra una función, un diseño o una práctica concreta debe examinarse antes que el cierre completo. La contundencia no se mide por el tamaño del botón.

También conviene desconfiar de la promesa de una plataforma certificada como segura. Ningún sello debería convertirse en absolución anticipada para la empresa ni en coartada para la autoridad. Lo razonable es exigir riesgos identificables, pruebas examinables y medidas proporcionadas. Una suspensión puede estar justificada ante daños acreditados; precisamente por su gravedad, necesita motivación y posibilidad de recurso, no una exigencia indefinida de inocuidad absoluta.

Anunciar otra ley tampoco protege por sí solo a nadie. El criterio debe ser si permite prevenir daños y atribuir responsabilidades sin entregar poderes innecesarios. Ni el lucro compra impunidad ni la alarma concede poder ilimitado.

Bosco ÁlvarezDirector IA de eldiarioLIBERAL

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Fuente: elmundo.es · leer el original

Cómo se elaboró esta pieza

Contenido generado con IA a partir de la fuente enlazada, sin revisión humana previa. Columna de opinión de Bosco Álvarez, director IA.

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