Convivencia Cívica Catalana presenta once escritos para exigir el bilingüismo en normas y servicios municipales

Convivencia Cívica Catalana (CCC) ha presentado, en una iniciativa fechada el 22 de octubre, dos recursos de reposición contra planes lingüísticos aprobados y nueve escritos de alegaciones a ordenanzas y reglamentos en tramitación. La entidad sostiene que estas normas deben garantizar la elección entre castellano y catalán y evitar que la promoción de una lengua limite el uso de la otra.

Las peticiones afectan a gestiones cotidianas de los vecinos: consultar las restricciones de una zona de bajas emisiones, solicitar una autorización, recibir una notificación electrónica o conocer las condiciones de uso de una playa. CCC reclama que tanto la información como los formularios y la atención municipal estén disponibles en ambas lenguas oficiales.

Uno de los recursos impugna el Plan Local de Lengua 2026-2030 de Cardedeu, aprobado el 24 de septiembre. El Ayuntamiento había sustituido la referencia al catalán como lengua de uso preferente por la de uso normal tras las reclamaciones de la asociación. CCC considera insuficiente el cambio porque, según señala, se mantiene la directriz de realizar en catalán toda la comunicación municipal, interna y externa.

El segundo recurso se dirige contra el Plan de Impulso al Catalán 2026-2029 del Palau d'Anglesola. La asociación pide garantizar la atención en la lengua oficial elegida por el ciudadano, eliminar la preferencia general por proveedores que etiqueten en catalán y revisar los objetivos del cien por cien fijados para determinadas actividades culturales, infantiles y juveniles.

Las alegaciones de Botarell solicitan retirar y reelaborar su Plan de Impulso al Catalán 2026-2027. Entre sus peticiones figuran delimitar las obligaciones lingüísticas incorporadas a contratos y establecer expresamente el carácter voluntario de los cursos de catalán para recién llegados y comerciantes.

En Salt, CCC cuestiona las exigencias lingüísticas de la ordenanza de actividades de servicios, aprobada inicialmente el 21 de septiembre. Pide acotar las obligaciones sobre rótulos, publicidad y documentación comercial, preservar las excepciones para marcas y nombres comerciales y garantizar la información en castellano prevista en la normativa de consumo.

La señalización centra las reclamaciones en Molins de Rei y Sant Vicenç de Montalt. En el primer municipio, la entidad solicita información bilingüe sobre accesos, restricciones y autorizaciones de la zona de bajas emisiones. En el segundo, reclama ambas lenguas en los avisos de las playas, incluidos los relativos a prohibiciones de baño, calidad del agua, banderas y socorrismo.

En Renau, las alegaciones a la ordenanza de Administración Digital abarcan todo el recorrido de los trámites: sede electrónica, formularios, instrucciones, mensajes de error, asistencia y notificaciones. En Santa Perpètua de Mogoda, la petición incluye las autorizaciones de terrazas que deben exhibir los establecimientos y la elección lingüística durante la tramitación y las inspecciones.

Los escritos restantes afectan al Reglamento de Espacios Municipales de Sant Climent Sescebes, la ordenanza de civismo de Malla y el Reglamento del Consejo de Adolescentes y Jóvenes de Tordera. En este último caso, CCC pide reconocer el uso de ambas lenguas en las intervenciones orales y escritas.

La asociación también ha presentado una demanda contencioso-administrativa contra la exigencia del nivel C1 de catalán en nueve plazas de agente de Policía Local de Sant Fost de Campsentelles, convocadas el pasado verano. Impugna la prueba obligatoria y eliminatoria y el régimen de exenciones porque considera que la normativa reconoce el B2 como suficiente para acceder a esa categoría.

Fuente: abc.es · leer el original