Montero pide renacionalizar el ferrocarril con el artículo 128 y exige la dimisión de Puente
La candidata de Podemos plantea recuperar el control público íntegro del sistema tras reunirse con representantes ferroviarios de CGT y sostiene que la búsqueda de rentabilidad privada pone en riesgo la seguridad.
La eurodiputada y cabeza de lista de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ha reclamado este lunes, 2 de noviembre, revertir de forma urgente la liberalización ferroviaria mediante el artículo 128 de la Constitución. En su intervención ante los periodistas, ha exigido también la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.
Montero ha presentado su propuesta después de una reunión de trabajo con representantes del Sector Federal Ferroviario de CGT, en la que ha abordado las reivindicaciones de trabajadores de Renfe y Adif, maquinistas y personal de los centros de control de tráfico. Ha situado sus demandas en el debate sobre la gestión del transporte tras el accidente ferroviario.
La dirigente de Podemos ha tomado como referencia la experiencia reciente de Reino Unido y ha defendido el artículo 128 como instrumento para retirar la explotación de servicios esenciales a empresas con ánimo de lucro. Para los viajeros, su planteamiento supone que la prestación del transporte de pasajeros y su supervisión técnica queden íntegramente en el ámbito estatal, una fórmula que Montero considera necesaria para garantizar la seguridad.
La eurodiputada ha denunciado la externalización de tareas de prevención, supervisión, mantenimiento y señalización. Según ha afirmado, los sistemas de señalización del tramo donde ocurrió el siniestro dependen de Hitachi y Siemens. También ha citado a ACS, Sacyr, Ferrovial y Acciona entre las adjudicatarias del mantenimiento de las líneas de alta velocidad.
Montero ha cuestionado que esas empresas prioricen las inversiones en seguridad cuando entren en conflicto con sus márgenes. Ante la próxima comparecencia de Puente en la Diputación Permanente del Congreso, ha acusado al Ejecutivo de culpabilizar a un trabajador por el accidente y ha reclamado que las explicaciones se centren en la fiscalización de las contratas y en los cánones que pagan las operadoras por utilizar la infraestructura.
La candidata ha atribuido a PP y PSOE una responsabilidad compartida en la apertura del sector al negocio privado. En concreto, ha señalado que ambas formaciones respaldaron en 2019 el marco normativo de liberalización del mercado ferroviario.
Fuente: elmundo.es · leer el original
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