Vox acusa a Marlaska de obstaculizar la actuación policial ante los ataques a actos políticos

El portavoz de Seguridad e Inmigración de Vox, Samuel Vázquez, ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a los delegados y subdelegados del Gobierno de permitir concentraciones destinadas a impedir actos de otras organizaciones. En una entrevista radiofónica, ha sostenido que sus decisiones dificultan la intervención policial frente a grupos violentos que vincula con la extrema izquierda.

Vázquez ha afirmado que los protocolos policiales habituales evitaban que dos manifestaciones enfrentadas coincidieran en un mismo espacio cuando existía riesgo de agresiones o de interrupción del acto autorizado. Según su denuncia, los representantes territoriales del Ejecutivo están incumpliendo ese criterio al autorizar un acto y una contraconcentración en la misma plaza.

El portavoz, que es policía, también ha cuestionado el número de efectivos desplegados. Para ilustrar su argumento, ha planteado el supuesto de diez agentes en dos furgonetas frente a 600 personas: a su juicio, un dispositivo así deja a los mandos sin capacidad para apartar a los violentos. No ha presentado esas cifras como el balance de un operativo concreto.

Su crítica se centra en las condiciones de seguridad para asistir a actos políticos y para que las organizaciones puedan trasladar sus propuestas. Vázquez sostiene que la insuficiencia de medios facilita que grupos contrarios a una convocatoria consigan interrumpirla.

Estas declaraciones se producen tras los incidentes registrados en actos de Vox. El 21 de octubre, en La Coruña, varios encapuchados lanzaron piedras, sillas y petardos contra el dispositivo policial al finalizar un mitin de Santiago Abascal. Los enfrentamientos dejaron dos detenidos, doce agentes heridos y varios manifestantes lesionados.

El Gobierno ha rechazado las acusaciones de tolerar la intimidación política formuladas por PP y Vox y ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad. Por los incidentes del 23 de octubre en Mahón, Vox presentó una querella contra el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, al que atribuye no haber adoptado las medidas de seguridad necesarias.

Fuente: Libertad Digital · leer el original