El Gobierno prevé aprobar el martes ayudas por el accidente de Urda y examinar un informe de Puente

El Consejo de Ministros prevé aprobar el martes 3 de noviembre un real decreto de ayudas para los afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), según fuentes del Gobierno. En esa misma reunión, la primera tras el siniestro, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, presentará un informe sobre lo sucedido.

La previsión del Ejecutivo es que Puente comparezca después en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa para explicar tanto el contenido del informe como las ayudas. Horas más tarde acudirá a la Diputación Permanente del Congreso, donde expondrá los datos de los que dispone sobre el accidente.

Pedro Sánchez había anunciado el jueves, durante una declaración en Toledo, que la Administración General del Estado destinaría apoyo económico a los afectados. El presidente situó ese compromiso junto a la atención a la emergencia y el esclarecimiento de lo ocurrido.

El informe que recibirá el Consejo recogerá previsiblemente detalles de las explicaciones ofrecidas por Puente el viernes en el Ministerio de Transportes. En aquella comparecencia, el ministro volvió a descartar su dimisión y anunció que prepara medidas para reducir la posibilidad de fallos técnicos y recuperar la confianza de los ciudadanos en el ferrocarril. Sánchez había reconocido ese mismo viernes la pérdida de confianza tras los accidentes de Urda y Adamuz (Córdoba).

El antecedente de las ayudas previstas para Urda es el decreto aprobado nueve días después del accidente de Adamuz, ocurrido el 18 de enero. Aquel paquete combinó ayudas inmediatas y anticipos para las víctimas. Puente defendió entonces que el apoyo económico no podía quedar supeditado a los tiempos de los procedimientos ordinarios y judiciales.

Para los familiares de cada fallecido en Adamuz, el esquema incluía 72.000 euros de indemnización a fondo perdido, otros 72.000 como anticipo del seguro de responsabilidad civil y 72.000 más correspondientes al seguro obligatorio.

Las ayudas por lesiones corporales de aquel decreto se determinaron conforme al baremo existente: desde 2.400 euros para los casos de menor entidad hasta más de 84.000 para los de mayor gravedad. Según explicó entonces Puente, esas cantidades se abonarían en un único pago y estarían exentas de tributación.

Fuente: elmundo.es · leer el original