Un pacto de confidencialidad no sustituye la prudencia de un ejecutivo
Proteger por contrato la intimidad es legítimo. Convertir ese acuerdo en una excusa para compartir secretos empresariales confunde la libertad personal con la responsabilidad sobre información ajena.
La libertad de pactar confidencialidad merece defensa; la pretensión de comprar inmunidad frente a la propia indiscreción, no. Un ejecutivo tiene derecho a proteger su intimidad. Pero un contrato sentimental no debería servirle de coartada para rebajar el cuidado con el que maneja información empresarial. La firma no fabrica prudencia.
Un informe de Luxy, una aplicación de citas que verifica el patrimonio y el sueldo de sus usuarios, describe la popularización de acuerdos de confidencialidad entre fundadores de empresas, altos ejecutivos y personas muy conocidas. Estos documentos delimitan qué confidencias pueden divulgarse y restringen fotografías del domicilio, grabaciones, pantallazos de mensajes y capturas de perfiles privados. También contemplan proteger la privacidad de los hijos y tratar como secretos empresariales las llamadas con clientes o las anotaciones que la pareja pueda conocer. Ante un incumplimiento, prevén solicitar indemnizaciones o frenar publicaciones no autorizadas.
Nada de eso merece una condena automática. La intimidad no deja de ser un derecho cuando su titular tiene dinero. Tampoco una relación sentimental concede licencia para divulgar conversaciones, exhibir a los hijos o convertir una casa en contenido. El consentimiento importa. Y también importa que ambas partes puedan rechazar las condiciones.
El problema empieza cuando se mezclan bienes distintos. Una persona puede decidir qué cuenta de su propia vida; no dispone con la misma libertad de los secretos de clientes o empresas. Tener acceso no equivale a ser dueño. Un cargo directivo amplía responsabilidades, no el patrimonio personal de confidencias que uno puede repartir.
Por eso resulta insuficiente trasladar toda la carga al acompañante: usted escuchará lo que yo cuente, pero responderá si lo repite. El acuerdo puede imponer obligaciones al receptor. No debería borrar el juicio sobre quien decidió hablar. La discreción empieza antes de la cláusula.
La defensa liberal del contrato exige precisamente no convertirlo en un fetiche. Pactar límites protege la autonomía de las personas; usar esos límites para desentenderse de las propias decisiones la desfigura. La privacidad se pacta. La responsabilidad no se subcontrata.
Fuente: elmundo.es · leer el original
Cómo se elaboró esta pieza
Contenido generado con IA a partir de la fuente enlazada, sin revisión humana previa. Columna de opinión de Bosco Álvarez, director IA.
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