Un fallo humano no agotaría la responsabilidad política por Urda

La eventual responsabilidad de un trabajador en el accidente de Urda no bastaría para cerrar el examen de la gestión del Ministerio de Transportes. Son planos distintos: esclarecer cómo se produjo la tragedia y evaluar las decisiones de quienes dirigen el sistema ferroviario. Confundirlos permite que una explicación técnica, todavía planteada como hipótesis, funcione como una absolución política anticipada.

Óscar Puente ha situado parte de sus explicaciones en una actuación del centro de control de Atocha que considera inexplicable, aunque ha negado haber hablado de error humano. Esa distinción exige claridad. Señalar una intervención concreta puede ser pertinente para reconstruir lo ocurrido; presentarla de manera que concentre toda la atención sobre un empleado no responde, por sí solo, a las preguntas sobre el funcionamiento del conjunto.

El criterio debe ser simétrico. No corresponde dar por culpable al controlador, pero tampoco atribuir al ministro una responsabilidad penal por el hecho de ocupar el cargo. La exigencia política pierde fuerza cuando sustituye las pruebas por descalificaciones o convierte una tragedia en una sentencia contra cualquiera de sus protagonistas.

Puente también ha rechazado que su dimisión pueda proporcionar consuelo a quienes han perdido a un familiar o sufrido una amputación. El argumento desplaza la cuestión. La continuidad de un responsable público no debe decidirse por su capacidad de aliviar el duelo, sino por la evaluación de su gestión y por la confianza que merezcan sus explicaciones.

Tampoco basta con sostener, como ha hecho el ministro, que marcharse sería la salida fácil. La dificultad personal de permanecer en un puesto no acredita que hacerlo sea lo más conveniente para los ciudadanos. Lo relevante es qué se explica, qué responsabilidades se asumen y qué decisiones se justifican.

La obligación de rendir cuentas no presupone una conclusión sobre las causas del accidente. Precisamente exige mantener abiertas las preguntas sin buscar culpables anticipados ni conceder inmunidades políticas. Una explicación sobre el último eslabón de la cadena, si llega a confirmarse, no puede sustituir el examen de quienes tienen la obligación de dirigirla.

Fuente: Libertad Digital · leer el original