Transportes debe responder por la seguridad operativa, no por el gasto anunciado

La responsabilidad de Transportes debe medirse por el funcionamiento del ferrocarril, no por el volumen de inversión que pueda exhibir. Las tragedias de Adamuz y Urda exigen esclarecer sus causas, pero también examinar cómo se comprueba que los recursos públicos se traducen en mantenimiento y protección efectiva para los viajeros.

El contrato para modernizar la señalización e implantar el ERTMS en la línea Madrid-Sevilla permite concretar esa exigencia. Se adjudicó en 2021 por 93,83 millones de euros, con un plazo de ejecución de 52 meses. El calendario inicial apuntaba a enero de 2026. Según expone Emilio Montilla, cuando ocurrió la tragedia de Urda el nuevo sistema todavía no estaba operativo en ese tramo.

La pregunta de gestión no consiste únicamente en cuánto dinero se comprometió, sino en qué estado estaba la actuación y qué explica la distancia entre el calendario previsto y la entrada en servicio. Adjudicar una obra no equivale a disponer de su resultado. Esa distinción debe presidir cualquier balance del ministerio que dirige Óscar Puente.

También importa cómo se presentan los recursos destinados a conservar la infraestructura. Montilla calcula, a partir de datos de ADIF, que el gasto real de mantenimiento por viajero descendió un 34,7% entre 2019 y 2025: de 10,75 a 7,02 euros constantes de 2019. En el mismo periodo, el gasto nominal total pasó de 336 a 492,8 millones.

Son magnitudes que responden a preguntas diferentes. El aumento nominal refleja más euros gastados; el cálculo por viajero incorpora la inflación y el crecimiento del uso. Ninguna de esas cifras demuestra por sí sola la causa de un accidente. Tampoco basta una cantidad global creciente para acreditar que el mantenimiento era suficiente.

Para el ciudadano, que financia las infraestructuras y utiliza el servicio, la rendición de cuentas exige conocer qué se conserva, qué se renueva y cuándo funciona lo contratado. La investigación debe determinar las causas de las tragedias sin culpables predeterminados. La evaluación política debe exigir, además, explicaciones verificables sobre la gestión. Ni un presupuesto sustituye a un sistema operativo ni una eventual equivocación individual agota el examen de las responsabilidades.

Fuente: Libertad Digital · leer el original