RTVE debe abrir sus entrevistas a todos, no ceder sus reglas a los partidos
El problema de la visita de Abascal a La Revuelta no fue que un humorista entrevistara a un político. Fue confundir el derecho del invitado a ser escuchado con su capacidad para intervenir en las condiciones del programa.
La televisión pública debe dar cabida a posiciones enfrentadas sin entregar a sus representantes el control de la conversación. Esa independencia importa más que la comodidad del presentador y del invitado. También más que la identidad de un formato. Entrevistar no exige derrotar. Y escuchar no equivale a obedecer.
Broncano explicó que La Revuelta aceptó la petición del equipo de Abascal de gestionar el público para evitar que una audiencia habitualmente inclinada a la izquierda dificultara la entrevista. Se cancelaron las invitaciones confirmadas y una agencia gestionó los nuevos asistentes a petición del partido. Durante el programa hubo aplausos a algunas intervenciones del dirigente de Vox, y el presentador reconoció sus dudas sobre una decisión que podía transmitir una apariencia de respaldo unánime. Las invitaciones a los candidatos habían sido una decisión editorial de RTVE, no una imposición de la Junta Electoral.
El primer principio merece defenderse sin complejos: Abascal puede ser entrevistado en un espacio de entretenimiento. No existe una frontera profesional que reserve las preguntas políticas a una casta autorizada. Un humorista puede prepararse, documentarse y repreguntar. Exigir rigor es razonable. Prohibirle cambiar de registro, no. La alternativa a una entrevista discutible no tiene por qué ser una televisión con menos voces.
Pero aceptar a un invitado no obliga a aceptar sus condiciones. Evitar abucheos es responsabilidad del programa; delegar la gestión de los asistentes en el equipo del político desplaza esa responsabilidad hacia quien tiene interés en el resultado. El público no es decorado. Sus aplausos y silencios forman parte de lo que recibe el espectador. Por eso su gestión necesita autonomía editorial, no una negociación partidista.
Tampoco habría sido mejor conservar un auditorio hostil para que el entrevistador jugara en casa. Una televisión de todos no puede funcionar como una propiedad compartida entre facciones, con turnos para administrar las butacas. Ni encerrona ni graderío favorable. Las mismas reglas deben proteger a cada invitado y limitar a cada partido.
El objetivo, además, no debería ser conseguir que el político abandone sus convicciones ante la cámara. Debe ser permitir al ciudadano examinar sus propuestas, sus datos y sus contradicciones. El espectador conserva la libertad de juzgar, incluso de discrepar del presentador. Esa es la independencia que merece protegerse: invitados sin veto y programas sin tutela. La puerta se abre; las llaves no se entregan.
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