Reformar el IMV exige facilitar la autonomía, no presumir clientelismo

El objetivo liberal de reformar el Ingreso Mínimo Vital debe ser que sus beneficiarios puedan prescindir de él, no convertirlos en sospechosos por cobrarlo. El dinero público exige controles. La libertad exige algo más: que la protección no se convierta en una barrera para trabajar y que la Administración no confunda al ciudadano con un cliente electoral.

Alberto Núñez Feijóo propone sustituir el IMV y otros subsidios laborales por una Renta de Activación que integre esas prestaciones y sitúe la empleabilidad como objetivo principal. Su propuesta contempla retirar la ayuda a quienes rechacen ofertas de empleo porque no quieren trabajar. El cambio abre una discusión sobre los incentivos, las condiciones de acceso y las obligaciones asociadas al uso de recursos públicos.

Ahí está el debate útil. Aumentar el número de perceptores no demuestra, por sí solo, el éxito de una política social. Tampoco prueba una compra de votos. Una prestación puede alcanzar a más personas por ampliar su cobertura sin que eso acredite mayor prosperidad ni una adhesión partidista. Confundir esas categorías permite al Gobierno vender expansión administrativa como bienestar y a sus adversarios sustituir la evaluación por una sospecha colectiva.

El contribuyente merece resultados, no etiquetas. Integrar subsidios tiene sentido si simplifica las reglas y facilita el paso al empleo. Cambiar el nombre no basta. Una Renta de Activación puede reproducir los defectos que pretende corregir si su éxito termina midiéndose por el presupuesto repartido o por el volumen de expedientes tramitados. La prueba debe ser la autonomía que ayuda a recuperar.

También importa cómo se aplica la retirada. Distinguir entre rechazar un empleo por voluntad de no trabajar y no poder aceptarlo exige criterios comprobables y decisiones recurribles. No es indulgencia. Es seguridad jurídica. Quien administra una ayuda no debe disponer de una potestad arbitraria sobre la subsistencia ajena, del mismo modo que quien la recibe no queda exento de cumplir sus condiciones.

La alternativa al paternalismo no consiste en repartir certificados de virtud entre contribuyentes y beneficiarios. Consiste en proteger una salida de la dependencia, vigilar el gasto y limitar la discrecionalidad política. Menos dependencia del subsidio. También del funcionario que lo concede.

Fuente: Libertad Digital · leer el original