Proteger al vecino también es una política contra la desigualdad

La respuesta a la violencia callejera debe empezar por proteger a quienes la sufren, no por convertir a quienes la ejercen en representantes de una generación. El comerciante cuyo escaparate queda destrozado y el trabajador que pierde su coche también forman parte de la sociedad cuyas promesas se discuten. Su seguridad no es una preocupación secundaria frente al malestar de los agresores: es una condición de cualquier convivencia que aspire a ofrecer oportunidades.

Existe una cuestión legítima detrás del debate: la distancia entre las expectativas asociadas a estudiar y trabajar y las dificultades para construir una vida autónoma. Examinar esa distancia resulta necesario. Sin embargo, pasar de la frustración a la violencia como si entre ambas hubiera una continuidad inevitable borra una diferencia decisiva: padecer una dificultad no equivale a elegir que otro pague por ella.

El propio contraste entre quienes atraviesan privaciones sin agredir a nadie y quienes destruyen bienes ajenos impide tratar la pobreza como una explicación suficiente. La responsabilidad individual no desaparece al examinar el entorno. Al contrario, reconocerla evita presentar a los jóvenes con dificultades como personas incapaces de decidir sobre su conducta.

También conviene distinguir entre oportunidades y recompensas imaginadas. Una sociedad abierta debe permitir que cada cual intente mejorar su situación; no puede garantizar que todos alcancen el lujo exhibido en las redes. Hacer de la mansión o del coche exclusivo la medida de una vida lograda es un criterio empobrecedor. Pero combatir ese criterio no exige despreciar la aspiración a prosperar, sino separar la autonomía personal de la ostentación.

La misma precisión debería ordenar la respuesta pública. Mejorar las escuelas, facilitar el acceso a la vivienda y combatir la discriminación son objetivos defendibles por su efecto sobre la vida de las personas, no únicamente como instrumentos para evitar disturbios. Quien respeta a sus vecinos merece oportunidades tanto como quien amenaza con romperlo todo. La atención institucional no debe convertirse en un premio a la capacidad de intimidación.

Tampoco basta con invocar el castigo para dar por resueltas las dificultades sociales. Seguridad y oportunidades responden a problemas distintos y compatibles: impedir una agresión protege un derecho inmediato; mejorar las posibilidades de progreso amplía la libertad para construir un futuro. Ninguna de esas obligaciones cancela la otra.

La alternativa a la resignación no consiste en aceptar la destrucción como lenguaje inevitable del descontento. Consiste en exigir instituciones que protejan sin discriminar y permitan prosperar sin prometer resultados imposibles. El vecino que conserva su negocio, su coche y su tranquilidad no encarna un orden que deba justificarse ante el agresor: ejerce derechos que también merecen defensa.

Fuente: elmundo.es · leer el original