Los inmigrantes no son un plan de pensiones

La inmigración debe ampliar la libertad de las personas, no convertirse en el recambio permanente de una economía que necesita sumar trabajadores para aplazar sus reformas. Un país no es una caja registradora. Ni quien llega es una cotización ambulante. Juzgar el crecimiento demográfico por su capacidad para sostener las cuentas públicas confunde a los ciudadanos con los instrumentos del presupuesto.

El INE sitúa la población española en 49,94 millones de habitantes, tras un crecimiento explicado casi enteramente por la inmigración durante este cuarto de siglo. La AIReF proyecta que, a partir de 2029, las llegadas previstas no impedirán que disminuya el número de personas en edad de trabajar. Al mismo tiempo, el Banco de España ha documentado un desfase entre la formación de hogares y la terminación de viviendas nuevas. Son problemas relacionados, pero no intercambiables: sumar residentes no garantiza más productividad ni proporciona automáticamente un lugar donde vivir.

La primera conclusión no debería ser que sobran quienes llegan. Debería ser que falta una economía capaz de ofrecerles algo mejor que el papel de compensación estadística. Cubrir vacantes resulta útil para empresas y trabajadores. Convertir esa utilidad inmediata en una estrategia indefinida exige, en cambio, dar por segura la disponibilidad futura de personas dispuestas a emigrar. Nadie nos debe su llegada.

Tampoco basta con celebrar el aumento de la producción total. Importa qué permite ganar, ahorrar y elegir a cada persona. Si la respuesta al envejecimiento consiste siempre en incorporar más trabajo, la mejora de la productividad queda relegada a una promesa. La alternativa liberal es facilitar inversión, competencia y oportunidades de progresar, no diseñar una cinta transportadora de contribuyentes.

La vivienda revela además el error de discutir únicamente los beneficios agregados. Una mayor demanda puede favorecer al propietario y dificultar el acceso de quien busca casa, incluidos los propios inmigrantes. Defender la propiedad no obliga a ignorar esa diferencia. Obliga a tomarse en serio la posibilidad de construir y ampliar la oferta, en lugar de tratar la escasez como un paisaje inevitable.

También sería equivocado sustituir la obsesión migratoria por una obsesión natalista. Tener hijos pertenece al proyecto de vida de cada persona, no a las necesidades contables del Estado. El objetivo debe ser que esas decisiones puedan realizarse, no que produzcan el saldo demográfico conveniente. Las personas no nacen para cuadrar cuentas. Tampoco emigran para hacerlo.

Fuente: elmundo.es · leer el original