El control al Gobierno no se puede delegar en un humorista

El control al Gobierno no se puede delegar en un humorista. Tampoco se mide por las carcajadas que consigue arrancarle al presidente. Un programa de entretenimiento tiene derecho a conservar su personalidad cuando recibe a un político. Esa libertad merece defensa. La confusión empieza cuando la simpatía del invitado se convierte en un certificado de buena gestión.

En El perro andaluz, Manu Sánchez preguntó a Pedro Sánchez por las cargas policiales durante la huelga general del miércoles y le reprochó la actuación contra los manifestantes. El presidente invocó el equilibrio entre el derecho a la huelga y la seguridad, anunció una investigación y respaldó a Fernando Grande-Marlaska, al que situó junto a Alfredo Pérez Rubalcaba entre los mejores ministros del Interior de la democracia. También explicó que suele presentar las reprobaciones a sus ministros como algo que les suma puntos. La conversación alternó esos asuntos con bromas, incluidas las relativas a los comentarios de Isabel Díaz Ayuso sobre su atractivo.

El contraste importa, pero no porque exista una obligación de entrevistar con gesto funerario. La risa no invalida una pregunta. La severidad tampoco garantiza una respuesta. Exigir que cada cómico se transforme en fiscal supone imponer al entretenimiento una misión que no ha contratado con sus espectadores. Preguntar desde el humor es una opción legítima, no una versión defectuosa del periodismo.

Ahora bien, la libertad del programa no rebaja las obligaciones del gobernante. Anunciar una investigación sobre una actuación policial deja pendiente su resultado, por mucha naturalidad que exhiba quien la anuncia. Defender a un ministro no resuelve las dudas sobre lo ocurrido. Son planos distintos. El talento ante las cámaras no constituye una garantía para el ciudadano que ejerce su derecho a manifestarse.

También conviene detenerse en esa contabilidad presidencial que convierte las reprobaciones en puntos favorables. Puede funcionar como ocurrencia televisiva. Como criterio de responsabilidad política, invierte el sentido del control: el reproche pasa a presentarse como mérito. Ni la complicidad del público ni la habilidad del entrevistador cambian esa contradicción.

La alternativa liberal no consiste en disciplinar a los cómicos ni en prohibir al poder resultar agradable. Consiste en no intercambiar entretenimiento por rendición de cuentas. Que cada programa elija su tono. Las garantías del ciudadano no dependen del remate de un chiste.

Fuente: elmundo.es · leer el original