La protección consular no se mide en contratos

La protección consular debe atender al riesgo de las personas, no al valor comercial de su presencia en otro país. Un español no necesita participar en una obra estratégica para merecer información de su Embajada. Tampoco necesita ser una magnífica oportunidad de exportación. La ciudadanía no es una cartera comercial.

La ex secretaria de Estado de Seguridad Ana Botella Gómez denuncia que los españoles residentes en Riad reciben únicamente notas genéricas en redes sociales mientras se intensifican los ataques hutíes. Sitúa allí una comunidad de cerca de 4.000 ciudadanos, vinculada a más de 100 empresas, y describe cierres de colegios y restricciones aeroportuarias. Su reclamación combina la necesidad de informar y proteger a esas familias con la conveniencia de respaldar a las compañías españolas y demostrar compromiso con Arabia Saudí, anfitriona de grandes proyectos de ingeniería y construcción.

Son objetivos diferentes. Conviene separarlos. La promoción empresarial puede formar parte de la política exterior, pero no debe convertirse en el argumento que haga convincente la asistencia a un ciudadano. Si necesitamos añadir contratos, tecnología y prestigio nacional para justificarla, estamos rebajando una obligación pública a una operación de relaciones comerciales.

La distinción también importa al elegir la respuesta. Informar a los residentes, explicar procedimientos de emergencia y mantener canales de contacto no equivale a comprometer apoyo militar al país donde trabajan. Lo primero responde a necesidades consulares; lo segundo exige una decisión política distinta. Mezclar ambas cosas permite que una demanda concreta de asistencia termine convertida en un cheque diplomático.

Tampoco una visita institucional sustituye un servicio. La presencia de un alto cargo puede expresar respaldo, pero una familia necesita saber cómo actuar cuando se restringe el aeropuerto. La fotografía no es un protocolo. La utilidad de una Embajada se mide mejor por la información que permite tomar decisiones que por la categoría de quien aparece en ella.

Defender la iniciativa privada exige recordar que los profesionales no son instrumentos del Estado ni delegaciones ambulantes de la marca nacional. Trabajan, asumen riesgos y conservan sus derechos. No tienen que acreditar rentabilidad diplomática para recibir atención. La protección consular no lleva comisión por contrato.

Fuente: elmundo.es · leer el original