Los centros de datos necesitan reglas claras, no un examen de fe en el progreso

La defensa de los centros de datos debe apoyarse en reglas claras y costes transparentes, no en presentar a sus vecinos como enemigos del conocimiento. La libertad de investigar y emprender merece protección. No incluye el derecho a que nadie pregunte por el agua, la electricidad o los impuestos. El progreso no debería necesitar un certificado de entusiasmo obligatorio.

Las últimas elecciones estadounidenses incluyeron 41 consultas locales sobre la instalación de centros de datos. Más de la mitad se celebraron en Ohio y solo en Dakota del Norte ganaron los partidarios de instalarlos. Es un resultado políticamente relevante. No es un diagnóstico psicológico del electorado: una papeleta contra una instalación no permite saber cuánto pesa el temor a la tecnología y cuánto una objeción a sus condiciones.

Entre los motivos de rechazo figuran los impuestos, el consumo de agua y electricidad y la seguridad. Son cuestiones que deben discutirse por separado. Preguntar quién soportará un coste no equivale a rechazar la ciencia. También cabe defender la innovación y considerar inadecuado un proyecto concreto. La curiosidad intelectual no obliga a aprobar cualquier infraestructura que invoque su nombre.

Ahora bien, la resistencia local tampoco convierte automáticamente el bloqueo en una decisión acertada. El consultor de inversiones Blair Levin interpreta los resultados como un mensaje a los cargos locales y estatales: impedir, retrasar o encarecer estas instalaciones puede proporcionar réditos políticos. Ahí aparece otro riesgo. Si el premio electoral depende del obstáculo, examinar un proyecto puede resultar menos atractivo que anunciar su paralización.

La respuesta liberal exige evitar ambos atajos. Ni autorización por aclamación tecnológica ni veto por rentabilidad electoral. Las condiciones deberían ser conocidas, justificadas y aplicables con independencia de quién promueva la instalación. La seguridad jurídica protege al inversor frente a la arbitrariedad, pero también al ciudadano frente a la pretensión de que cualquier objeción sea una impertinencia.

El investigador Darrell M. West anticipa una fuerte expansión de las normas y la supervisión. Esa perspectiva obliga a discutir su calidad, no a celebrar o condenar su mera existencia. Más regulación no garantiza mejores decisiones; menos regulación tampoco sustituye la explicación de los costes.

Los centros de datos no necesitan vecinos convertidos a una fe tecnológica. Necesitan proyectos defendibles y administraciones que resuelvan con criterios estables. La prueba del progreso no consiste en exigir que nadie pregunte, sino en poder responder sin reclamar un cheque en blanco.

Fuente: elmundo.es · leer el original