Las estaciones necesitan nombres útiles, no homenajes decididos por cada Gobierno

Los nombres de las estaciones deberían regirse por la claridad geográfica y por criterios públicos de reconocimiento, no por las preferencias del Gobierno de turno. Una infraestructura compartida no es el lugar adecuado para que cada mayoría construya su propio repertorio de homenajes. Eso no exige borrar a escritores o políticos, sino justificar por qué su nombre debe incorporarse a un servicio que utilizan ciudadanos de todas las ideas.

Atocha lleva el nombre de Almudena Grandes; la estación de Bilbao, el de Indalecio Prieto; y la de Córdoba, el de Julio Anguita. Esa selección permite discutir el criterio del reconocimiento, pero no convierte por sí sola cada homenaje en una imposición ideológica. Tampoco sería razonable descalificar una trayectoria literaria únicamente por las posiciones políticas de su autora. El examen debe recaer sobre la decisión institucional, no sobre las convicciones privadas de los viajeros ni de los homenajeados.

La pregunta pertinente es qué regla podría mantenerse si cambiara el Ejecutivo. Si un reconocimiento solo parece aceptable cuando beneficia a una figura próxima, el criterio es de parte. Una política de denominaciones defendible debería explicar la vinculación con el lugar, el mérito reconocido y la conveniencia de añadir un nombre personal a una referencia geográfica ya consolidada.

El caso de Burgos muestra además una dificultad práctica. Su estación recibió primero el nombre de Rosa de Lima, nombre de pila de la política socialista burgalesa Rosa Manzano, fallecida en un accidente de helicóptero. Después pasó a llevar su nombre y apellido. La primera denominación se confundía con la santa peruana: el homenaje no identificaba con suficiente claridad a su destinataria.

La discusión tampoco debe convertirse en un atajo para juzgar la gestión ferroviaria. Un nombre no demuestra negligencia, del mismo modo que un homenaje acertado no acredita un buen servicio. Las responsabilidades sobre seguridad, mantenimiento o funcionamiento requieren su propio examen.

La solución no es sustituir una lista de personalidades por otra de signo contrario. Es limitar la discrecionalidad del poder: preservar la referencia geográfica, motivar los homenajes y aplicar reglas que puedan defenderse con independencia de quién gobierne.

Fuente: elmundo.es · leer el original