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La suspensión cautelar del voto por la ley de nietos afectará a 113.326 electores el 29-N

La Abogacía del Estado comunica al Supremo el cálculo definitivo de la Oficina del Censo Electoral, que reduce en 190 los afectados respecto al informe del 5 de noviembre.

eldiarioLIBERAL

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Fotografía ilustrativa realista en encuadre lateral de una mesa de tramitación electoral con sobres de voto por correo, formularios sin datos personales legibles y un pasaporte español cerrado. Luz natural, objetos nítidos, sin personas ni apariencia de documento judicial auténtico.
Imagen ilustrativa generada con IA. No es una fotografía documental del hecho.

La Abogacía del Estado ha trasladado a la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo que 113.326 electores quedan afectados por la suspensión cautelar del voto de nacionalizados mediante la llamada ley de nietos. El escrito, presentado el pasado viernes, incorpora el último informe del Instituto Nacional de Estadística-Oficina del Censo Electoral, supervisado por la Junta Electoral Central.

Para esos ciudadanos, la medida supone no poder votar en las elecciones generales del 29 de noviembre. La suspensión no alcanza a quienes acreditaron documentalmente ser hijos o nietos de españoles de origen que sufrieron el exilio. Exteriores certificó esa condición a 901 personas, de las cuales 729 estaban inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (Cera).

El cálculo parte de un listado de Exteriores que contenía 163.355 registros a 1 de agosto. La depuración excluyó a los menores de edad en la fecha de votación y a quienes obtuvieron la nacionalidad después del cierre del censo vigente para estos comicios, además de descontar duplicidades.

También se apartó del cómputo a quienes tenían una inscripción censal anterior a la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. El informe del 5 de noviembre identificó a 1.283 electores en esa situación y fijó los afectados en 113.516. La revisión del día 11 detectó otros 190, hasta dejar la cifra definitiva en 113.326.

El Supremo acordó la suspensión en septiembre a petición de Iustitia Europa y Vox, que habían recurrido el acuerdo de la Junta Electoral Central del 16 de julio sobre la inclusión de estos nacionalizados en el Cera. La Abogacía del Estado y la Fiscalía se opusieron a la medida.

La controversia afecta a las nacionalizaciones amparadas por una instrucción del Ministerio de Justicia que interpretaba como exiliado a quien hubiera salido de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Al adoptar la cautelar, el tribunal consideró que el aumento de inscritos en el censo exterior suponía un riesgo para la objetividad y la transparencia del proceso electoral.

La semana pasada, el Supremo rechazó extender la suspensión a casi 190.000 hijos mayores de edad de los nacionalizados por esta vía. Su voto sigue pendiente de un nuevo pronunciamiento: las partes tienen hasta el domingo a las 15:00 horas para presentar alegaciones.

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Fuente: elmundo.es · leer el original

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