La solvencia de Cuerpo no sustituye la rendición de cuentas del Gobierno

Carlos Cuerpo debe responder por las decisiones que tome, no servir de garantía personal para todas las decisiones del Gobierno. Su nombramiento como ministro interino de Transportes, tras el accidente de Urda, permite plantear una exigencia más útil que adivinar la estrategia electoral de Pedro Sánchez: separar la reputación del gestor de los resultados de su gestión.

El relevo de la cúpula de ADIF en su primer día al frente del departamento es una decisión concreta. Pero cambiar responsables no equivale, por sí solo, a explicar lo sucedido ni a corregir sus causas. La evaluación del ministro debe empezar ahí: qué decisiones adopta y qué explicaciones ofrece. La confianza puede concederse por adelantado; la rendición de cuentas, no.

La acumulación de Economía y Transportes tampoco convierte automáticamente la competencia técnica en capacidad de resolver cualquier problema. Cada cartera tiene responsabilidades propias. Presentar a un ministro como garantía general de solvencia diluye precisamente aquello que permite juzgarlo: un ámbito de actuación, unas decisiones identificables y unos resultados. Un buen currículum no es una póliza que cubra al Consejo de Ministros entero.

El precedente de Nadia Calviño resulta pertinente por una razón distinta de las conjeturas sobre futuros destinos. En la campaña de 2023 tuvo un protagonismo destacado como referente económico del PSOE. Después pasó al Banco Europeo de Inversiones. Esa secuencia recuerda que las personas pueden abandonar el Ejecutivo mientras las políticas y sus consecuencias permanecen. El compromiso electoral necesita algo más duradero que un nombre.

Por eso, la pregunta importante no es si Cuerpo permanecerá cuatro años o si Sánchez pretende atraer con él a votantes del centro. Es qué compromisos concretos asume el Gobierno que representa. La moderación económica debe poder reconocerse en las decisiones. Si depende exclusivamente de quién las presenta, estamos evaluando al portavoz, no a la política.

El perfil técnico merece consideración, pero no una exención del escrutinio político. También sería injusto el extremo contrario: atribuir a Cuerpo intenciones ocultas por aceptar nuevas responsabilidades. Ni salvoconducto ni sospecha automática. Su trabajo debe juzgarse con el mismo criterio exigible a cualquier ministro.

La mejor defensa de la solvencia de Cuerpo consiste en exigirle cuentas, no en convertirlo en aval electoral. Un Gobierno responsable explica sus decisiones sin pedir al ciudadano que confunda confianza en una persona con aprobación de todo un proyecto.

Fuente: Libertad Digital · leer el original