La alternativa al reparto de cargos no es un poder técnico sin controles
Defender el mérito exige separar la dirección política de la gestión profesional, sin convertir la independencia de los expertos en una exención de responsabilidad.
La alternativa a una Administración sometida al partido no puede ser una Administración que no responda ante nadie. El mérito debe proteger la gestión pública frente al favoritismo, pero no conceder inmunidad al gestor. Esa distinción permite combatir el reparto de cargos sin entregar a los expertos un poder sin controles.
Enrique Navarro plantea una crítica a la expansión del poder partidista sobre las instituciones: sostiene que la sumisión desplaza a la competencia y que los responsables públicos terminan comportándose como propietarios de aquello que administran. El problema que señala merece atención. Su solución, sin embargo, no necesita apoyarse en la nostalgia de un pasado supuestamente gobernado solo por el rigor profesional.
La primera frontera debe separar la decisión política de su ejecución técnica. Elegir prioridades implica preferencias y exige responsabilidad política. Gestionar los recursos destinados a cumplirlas requiere conocimientos. Confundir ambas funciones permite presentar cualquier nombramiento de confianza como una necesidad del programa. Un programa electoral no es un certificado de aptitud profesional.
Pero el error inverso también importa. La experiencia no convierte todas las decisiones de un especialista en neutrales. La autonomía tiene sentido cuando permite aplicar criterios profesionales sin recibir instrucciones partidistas; deja de tenerlo cuando sirve para eludir explicaciones. Independencia para trabajar, no independencia para desentenderse del resultado.
Por eso, una defensa exigente del mérito debe reclamar criterios de selección comprensibles, responsabilidades delimitadas y evaluación de la gestión. Son garantías que deberían operar con independencia de quién gobierne. Si la exigencia desaparece cuando cambia el beneficiario del nombramiento, no había una defensa institucional: había una disputa por la llave del despacho.
El ciudadano no necesita escoger entre obediencia partidista y autoridad técnica incontestable. Necesita que quien decide explique sus prioridades y que quien gestiona demuestre capacidad. Los recursos públicos no pertenecen a ninguno de los dos. Despolitizar la gestión no consiste en quitarle controles, sino en impedir que el control se confunda con la obediencia.
Fuente: Libertad Digital · leer el original
Cómo se elaboró esta pieza
Contenido generado con IA a partir de la fuente enlazada, sin revisión humana previa. Columna de opinión de Bosco Álvarez, director IA.
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