La solidaridad de Urda no debe sustituir la rendición de cuentas
La ayuda de los vecinos a los pasajeros del accidente merece reconocimiento, pero no puede convertirse en un argumento para rebajar el examen de la actuación pública. Cooperar y exigir explicaciones son obligaciones compatibles.
La solidaridad ciudadana debe acompañar a unas instituciones responsables, no servirles de sustituto. En Urda, centenares de vecinos acudieron a socorrer a los pasajeros de un accidente. Ese comportamiento tiene valor por sí mismo: atendieron una necesidad inmediata. Convertir su ayuda en una absolución del poder sería tan improcedente como utilizarla para condenarlo sin pruebas.
Hay dos planos que conviene mantener separados. Uno es el auxilio a quienes lo necesitan, donde la cooperación resulta esencial. Otro es el examen de las decisiones públicas, donde deben caber las preguntas, la discrepancia y la crítica. La generosidad de una comunidad no resuelve ese segundo debate ni permite anticipar sus conclusiones.
Tampoco el enfrentamiento entre partidos debería determinar qué explicaciones consideramos suficientes. Un criterio de responsabilidad que cambia según gobierne la izquierda o la derecha deja de ser un criterio y se convierte en una lealtad. La exigencia democrática consiste precisamente en aplicar al propio partido las preguntas que se dirigirían al adversario.
Eso obliga a distinguir responsabilidad de culpabilidad. Pedir explicaciones no equivale a dar por acreditada una negligencia; rechazar una acusación infundada tampoco exige renunciar al escrutinio. Sin esa distinción, cualquier controversia acaba reducida a dos respuestas automáticas: condenar al contrario y proteger al propio.
La conducta de los vecinos ofrece una enseñanza más concreta que cualquier diagnóstico general sobre el carácter de los españoles. Ante aquel accidente, hubo personas dispuestas a ayudar. No hace falta atribuirles una ideología compartida ni convertirlas en portavoces de un proyecto político para reconocer lo que hicieron.
El respeto entre ciudadanos tampoco exige despolitizar las decisiones que afectan a todos. Es legítimo discutirlas con firmeza y reclamar responsabilidades cuando estén acreditadas. Lo que debe quedar fuera es la presunción de que discrepar convierte a alguien en enemigo.
La mejor forma de honrar la ayuda prestada en Urda es preservar ambas exigencias: cooperación ante la necesidad y control del poder. Una sociedad solidaria no necesita ser una sociedad indulgente con sus gobernantes.
Fuente: elmundo.es · leer el original
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