La seguridad del tren no se resuelve con un debate sobre su propietario

La seguridad ferroviaria debe exigirse a cada gestor y operador, no presumirse por su condición pública o privada. Ese es el criterio que debería ordenar el debate que plantea José Ramón Palacios, geógrafo y maquinista jubilado, en su carta sobre el deterioro del ferrocarril. La titularidad de una empresa no sustituye la obligación de explicar cómo prepara a sus trabajadores y quién responde por sus decisiones.

Palacios aporta una trayectoria de 37 años en Renfe, más de 18 como jefe de trenes AVE. Sostiene que la apuesta por la alta velocidad y la liberalización perjudicaron al conjunto del sistema. Su experiencia merece atención, pero no obliga a aceptar que abrir el mercado sea, por sí mismo, la causa de los fallos de seguridad que denuncia.

La cuestión más concreta de su intervención es la formación. Recuerda su oposición a reducir en más de la mitad los periodos de formación y prácticas. También afirma, a partir de lo que le cuentan compañeros en activo, que la preparación actual es escasa y que muchas prácticas se realizan online. Estas denuncias reclaman una respuesta sobre contenidos, duración y evaluación, no una disputa entre etiquetas económicas.

Si la preparación resulta insuficiente, la responsabilidad debe buscarse en quienes establecen los requisitos, los aplican y comprueban su cumplimiento. Defender la competencia no significa tolerar menores exigencias de seguridad. Defender una empresa pública tampoco permite dar por suficiente cualquier procedimiento que adopte.

La otra objeción central de Palacios apunta a las injerencias partidistas y a los nombramientos que atribuye al amiguismo. Aquí aparece una exigencia distinta de la propiedad: seleccionar a los responsables por capacidad técnica y experiencia. Reclamar gestión pública sin reclamar independencia profesional dejaría intacto precisamente el problema que el maquinista denuncia.

Tampoco basta con sustituir una acusación contra los trabajadores por otra contra los políticos. Determinar responsabilidades exige identificar decisiones y obligaciones incumplidas. La gravedad de un daño no convierte automáticamente una explicación general en una causa demostrada.

El viajero necesita formación rigurosa, dirección competente y responsabilidades identificables. Ninguno de esos objetivos debe quedar subordinado a proteger una marca empresarial, una estructura administrativa o una tesis sobre el mercado. La seguridad empieza por exigir resultados y explicaciones a todos, sin excepciones de propiedad.

Fuente: elmundo.es · leer el original