La responsabilidad ferroviaria no puede esperar al calendario penal

La rendición de cuentas sobre la seguridad ferroviaria debe avanzar sin esperar a que termine una investigación penal. Un tribunal determina responsabilidades jurídicas; el control político debe examinar cómo se dirige un servicio público, qué riesgos se conocían y qué decisiones se adoptaron. Confundir ambos planos permite aplazar preguntas que no necesitan una sentencia para ser legítimas.

Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho, denuncia que tras el accidente de Adamuz no hubo dimisiones y que, nueve meses después, se ha producido otra tragedia en la línea Madrid-Sevilla, con trenes de Renfe e Iryo implicados. También reprocha la ausencia de conclusiones públicas fiables sobre el primer accidente, cuya investigación judicial sigue en curso. Su reclamación sitúa el foco en una cuestión pertinente: qué puede exigir el ciudadano mientras se esclarecen las causas.

La respuesta no debería reducirse a pedir una dimisión ni a descartarla hasta que se pronuncien los jueces. El ministro Óscar Puente debe responder por las decisiones de su departamento, sin que eso permita atribuirle de antemano la causa de un siniestro. La responsabilidad de dirección no consiste en ejecutar personalmente cada tarea técnica, sino en explicar cómo se supervisa el sistema y cómo se actúa ante sus deficiencias.

Tampoco la hipótesis de un error humano puede funcionar como conclusión política. De la Nuez la menciona como una posible explicación del nuevo accidente, no como una causa probada. Incluso si llegara a confirmarse, seguiría siendo necesario examinar las medidas de prevención y las barreras de seguridad. Señalar una actuación individual no resuelve por sí solo las preguntas sobre la organización.

La Fundación Hay Derecho promovió tras Adamuz una campaña para reclamar directivos públicos profesionales y despolitizados, entre otras empresas, en Renfe y Adif. Esa exigencia merece traducirse en criterios evaluables: capacidad para el puesto, objetivos de gestión y explicaciones sobre los resultados. La independencia profesional no debe convertirse en ausencia de control, como tampoco el control democrático debe confundirse con obediencia partidista.

Una dimisión puede ser una consecuencia necesaria de responsabilidades acreditadas, pero no sustituye el conocimiento de lo ocurrido ni la corrección de los fallos. La exigencia democrática debe ser doble: esclarecer las causas con garantías y someter la gestión a examen desde ahora. Ni una salida del cargo basta para cerrar el caso ni la espera judicial justifica el silencio político.

Fuente: elmundo.es · leer el original