El mantenimiento ferroviario debe rendir cuentas por uso, no solo por presupuesto

La conservación ferroviaria necesita una rendición de cuentas que relacione gasto, uso y estado de la infraestructura. Discutir únicamente si el presupuesto sube permite al gestor exhibir un esfuerzo económico sin demostrar que sea suficiente ni que esté bien dirigido. Tampoco una partida mayor constituye, por sí sola, una garantía de seguridad.

El gasto de Adif en mantenimiento pasó de 720 millones de euros en 2017 a 1.120 millones en 2025. En paralelo, la red de alta velocidad había crecido de 1.244 kilómetros en 2009 a 3.192 en 2024. Son periodos distintos, pero ilustran por qué una cifra total de gasto no puede sustituir al examen de las necesidades de cada tramo.

El dato por kilómetro resulta más revelador: el desembolso en mantenimiento de alta velocidad pasó de 83.000 a 110.000 euros, con un incremento real de apenas el 6% en ocho años. Entretanto, la infraestructura ha duplicado viajeros y ha multiplicado circulaciones con la liberalización. Conservar un kilómetro no plantea necesariamente las mismas exigencias cuando cambia su intensidad de uso.

La apertura del ferrocarril a más operadores no debe servir como excusa para el gestor de la infraestructura, sino como razón para exigirle una planificación acorde con el tráfico. Si se aprovecha más la red, corresponde explicar cómo se ajustan su conservación y sus renovaciones. El debate no debería enfrentar competencia y mantenimiento, sino reclamar una gestión que permita sostener ambos.

La línea Madrid-Sevilla sigue funcionando con la arquitectura de señalización con la que nació en 1992. Esa antigüedad no demuestra por sí misma que el sistema sea inseguro. Sí justifica exigir una explicación técnica y económica sobre las prioridades de renovación, en lugar de dar por suficiente la continuidad del servicio.

Para el contribuyente, la diferencia importa: financiar más gasto y financiar mejores resultados no son equivalentes. Incidencias por volumen de circulación, horas de funcionamiento degradado y presupuesto de mantenimiento sin ejecutar permitirían discutir la gestión con mayor fundamento que el anuncio de una nueva dotación.

La obligación pública no debe agotarse en gastar más ni en reservar partidas. Debe consistir en justificar cuánto mantenimiento requiere la red que realmente se utiliza y acreditar qué resultados obtiene. Sin esa conexión, el presupuesto seguirá siendo una medida del esfuerzo, no una prueba de buena gestión.

Fuente: elmundo.es · leer el original