La continuidad de Puente debe medirse por su gestión, no por el consuelo que daría su dimisión

Óscar Puente debe responder por su gestión, no por el efecto emocional que tendría su dimisión. Ese es el criterio que permite exigir responsabilidades tras las tragedias ferroviarias sin convertir el dolor de las víctimas en un instrumento político ni presentar la salida de un ministro como sustituto de la investigación.

En su comparecencia, la periodista de Efe Laura Ramos le preguntó si dimitiría en caso de que hacerlo reconfortara a las víctimas. Puente respondió que desconocía cuánto consuelo podría proporcionarles su renuncia, planteó incluso una escala de cero a cien y cuestionó que ese alivio fuera relevante ante pérdidas familiares o lesiones. La pregunta situaba la decisión en un terreno emocional; la respuesta permaneció en él, en lugar de explicar con qué criterios debía evaluarse su continuidad.

Una dimisión no devuelve una vida ni repara una lesión. Pero esa limitación no resuelve el debate sobre la responsabilidad política. Su función no es compensar un daño irreparable, sino hacer efectiva la obligación de responder por el ejercicio del poder. Tampoco cabe dar por probada una negligencia ministerial por la mera existencia de una tragedia: exigir cuentas obliga a examinar decisiones, competencias y actuaciones, no a anticipar culpabilidades.

Puente añadió que habría dado un paso al lado si creyera que su permanencia perjudicaba al proyecto político del que forma parte, que presentó como un proyecto de país. Esa explicación introduce un criterio insuficiente. La conveniencia de una organización política no equivale al interés de los usuarios del ferrocarril, aunque el ministro considere que ambos coinciden.

Para el ciudadano, la cuestión es qué decisiones se adoptaron, qué controles funcionaron y qué responsabilidades corresponden a cada nivel. Una explicación técnica sobre el trabajo de un operario no sustituye ese examen de la gestión, del mismo modo que la responsabilidad política no permite atribuir a un trabajador una culpa sin acreditar.

No es necesario medir el consuelo de las víctimas para exigir una rendición de cuentas. Tampoco basta invocar la utilidad de un ministro para su proyecto político para justificar que siga. La continuidad de Puente debe defenderse con razones de gestión y servicio público: ese es el examen que su respuesta deja pendiente.

Fuente: elmundo.es · leer el original