La reparación de las víctimas ferroviarias exige asistencia duradera y transparencia
Los testimonios de una superviviente de Angrois y de familiares de fallecidos en Valencia y Adamuz muestran dos obligaciones distintas: sostener la recuperación personal y responder por lo ocurrido. Ninguna sustituye a la otra.
La atención a las víctimas ferroviarias debe medirse por su continuidad y por la información que reciben, no por la intensidad de las primeras condolencias. Los testimonios de Margot Viguera, Beatriz y Fidel, sacudidos de nuevo por el accidente de Urda, permiten entender por qué la respuesta pública no puede quedar encerrada en los días de emergencia.
Margot sobrevivió al accidente de Angrois del 24 de julio de 2013. Según relata, pasó por cuatro operaciones faciales y lleva 67 placas de titanio en la cara. Trece años después continúa en terapia psicológica y psiquiátrica. Describe ansiedad crónica y un miedo que alcanza situaciones cotidianas, como cruzar un semáforo. Su experiencia cuestiona cualquier idea de reparación que dé por terminado el daño cuando concluye la recuperación quirúrgica.
La consecuencia es concreta: el acompañamiento debe responder a la evolución de cada afectado, también cuando hay retrocesos. Margot cuenta que hace dos años no pudo volver a conducir y que ha evitado las imágenes de Urda. Recuperarse no equivale necesariamente a avanzar de forma constante, ni puede exigirse a una víctima que ajuste sus necesidades al calendario de la atención pública.
Beatriz sitúa otra obligación en primer plano. Su hermana Maika murió, con 41 años, tres días después del accidente del metro de Valencia de 2006. Ella atribuye parte de sus heridas al maltrato institucional y reclama información transparente desde el principio. Recuerda que su asociación protestó cada día 3 durante ocho años, hasta que se reconoció la responsabilidad de lo ocurrido.
Ese relato obliga a separar asistencia y rendición de cuentas. Ofrecer apoyo no exime de explicar las decisiones y los fallos; esclarecer responsabilidades tampoco elimina la necesidad de acompañamiento. Para las familias, disponer de respuestas comprensibles es una forma de no quedar subordinadas a lo que las instituciones decidan comunicar en cada momento.
Fidel, cuya madre, Natividad, murió en el siniestro de Adamuz, encuentra sostén en su fe y pide justicia. Cuenta que había vuelto a viajar en tren la semana anterior a Urda, pero que el nuevo accidente le ha llevado a rechazar otra vez ese transporte. Su testimonio muestra una pérdida de confianza que no se resuelve pidiendo a los afectados que superen el miedo.
La reparación exige, por tanto, mantener abiertas dos vías: una asistencia ajustada a las secuelas y una explicación de lo ocurrido sometida a exigencia pública. Las víctimas no deberían tener que elegir entre recibir cuidados y reclamar respuestas, ni movilizarse durante años para obtenerlas.
Fuente: elmundo.es · leer el original
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