La libertad de empresa no da derecho a vetar la seguridad

La libertad de empresa protege la iniciativa privada, no concede a las compañías un veto sobre las obligaciones de seguridad. Confundir ambas cosas permite presentar cualquier límite como una agresión al mercado. Es una comodidad doctrinal formidable: el empresario decide y el viajero carga con el riesgo. Eso no basta para llamarlo libertad.

En 1889, después de años de intentos infructuosos, el Parlamento británico impuso los frenos automáticos y otras medidas de seguridad ferroviaria. La colisión de Armagh, que había causado 80 muertes, propició la aprobación. Algunas empresas y diputados afines se habían opuesto alegando falta de eficacia, obstáculos a la innovación o una intromisión estatal indeseable. Las medidas redujeron los accidentes. Los frenos automáticos siguen utilizándose.

El argumento liberal más sólido no consiste en declarar inocente cualquier decisión privada. Consiste en limitar el poder y exigir responsabilidad por su ejercicio. También el empresarial. La facultad de organizar una compañía no resuelve por sí sola qué riesgos puede imponer a quienes utilizan sus servicios. La propiedad merece protección, no inmunidad.

Tampoco basta con invocar la innovación. Es necesario explicar qué se innova, qué se impide y qué protección se sacrifica. Si la palabra sirve para rechazar cualquier obligación concreta, deja de describir un proceso y se convierte en un salvoconducto. El progreso necesita margen. No necesita bula.

Pero este episodio tampoco entrega un cheque en blanco al legislador. Que una obligación de seguridad funcionara no demuestra que toda intervención sea conveniente. La lección exige discriminar: una medida debe juzgarse por el riesgo que aborda y sus resultados, no por el entusiasmo regulador de quien la propone. El Estado también debe justificar sus límites.

Importa, además, la oposición de los diputados afines a las compañías. Defender la empresa privada es una posición legítima; convertir sus preferencias en una frontera infranqueable para el Parlamento es otra cosa. El liberalismo pierde su razón de ser cuando vigila únicamente al poder público y deja de examinar las exigencias del privado.

Un mercado libre no es una empresa soberana. Ni la seguridad autoriza cualquier mandato, ni la libertad empresarial exonera de toda obligación. El freno debe detener el tren, no la responsabilidad.

Fuente: elmundo.es · leer el original