La financiación autonómica debe proteger al contribuyente, no un puesto en la clasificación

El contribuyente merece límites al poder fiscal, no una promesa de que su comunidad conservará puesto en la clasificación. No es lo mismo. Un territorio puede mantener su posición relativa sin que eso responda a la pregunta esencial: cuánto dinero debe retirar la Administración a cada ciudadano y para qué.

La ordinalidad fiscal figura en los programas de socialistas, republicanos y comunes. Su planteamiento consiste en que la redistribución entre comunidades no altere el orden que ocupaban antes de ella. El debate compara así lo recaudado en cada territorio con los recursos que quedan después del reparto y convierte la conservación de ese orden en una condición del sistema.

El escalafón no protege por sí solo. Impone una restricción al resultado territorial, pero no establece cuánto es razonable recaudar, qué servicios deben financiarse ni con qué exigencia de eficiencia. Confundir ambas cosas permite presentar como defensa del bolsillo lo que es, estrictamente, una garantía sobre posiciones relativas. El ciudadano no es una casilla.

Tampoco basta con invocar la solidaridad para dar por buena cualquier transferencia. Redistribuir requiere razones y límites. Quien pide recursos debe justificar su destino; quien los administra debe responder por su uso. La igualdad no convierte todo gasto en necesario. La ordinalidad tampoco convierte toda aportación en excesiva.

Hay otra elección que conviene hacer visible: la unidad de comparación. Si la cuenta se establece entre Cataluña y Extremadura, aparece un reparto; si se establece entre el Barcelonès y el Montsià, aparece otro. Elegir la frontera contable no demuestra quién tiene razón. Sólo decide qué diferencias entran en el argumento y cuáles quedan fuera.

La alternativa liberal no consiste en prohibir las cuentas, sino en exigir cuentas útiles. Saber quién financia a quién importa. Pero después hay que discutir la carga fiscal, los servicios y la responsabilidad de quien gasta. Ningún puesto territorial sustituye ese examen.

El dinero se exige a personas. Las clasificaciones no pagan impuestos.

Fuente: elmundo.es · leer el original