La jubilación demorada representa el 11,5%, lejos de la previsión del Gobierno para 2026

Las jubilaciones aplazadas voluntariamente representan el 11,5% de las nuevas pensiones de jubilación en los datos de septiembre de la Seguridad Social. El porcentaje queda por debajo de la proyección que el Ministerio elaboró en 2023 para este año, dentro de su estrategia para acercar la edad efectiva de retiro a la edad legal.

En aquel informe, remitido a la Comisión Europea en el marco de la concesión de fondos europeos, el Ministerio situaba las altas de jubilación demorada de 2026 en torno a 280.000, frente a unas altas de jubilación de casi 350.000. Esa previsión equivalía aproximadamente al 80%.

El aplazamiento es voluntario. Según explica la Seguridad Social, pueden acogerse a esta modalidad tanto los trabajadores por cuenta propia como los asalariados que prolonguen su actividad después de cumplir la edad ordinaria de jubilación y los requisitos de cotización.

Para el trabajador, la decisión tiene una contrapartida económica en su futura pensión. Una de las opciones consiste en sumar un 4% al importe por cada año completo trabajado y cotizado después de alcanzar la edad ordinaria. Otra permite recibir un pago único por año cotizado, cuya cuantía depende de los años de cotización acumulados al llegar a la edad legal.

La tercera alternativa combina el incremento de la pensión con el pago único. Según la información de la Seguridad Social, pueden elegir esta fórmula quienes retrasen su jubilación entre dos y diez años.

El plan del Ministerio también incluía cambios en los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y la eliminación de obstáculos para acceder al retiro demorado. El Ejecutivo presentó esas medidas como instrumentos para reforzar la sostenibilidad financiera del sistema y mantener el poder adquisitivo de las pensiones.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reconocido en una entrevista que las cotizaciones no cubren todo el gasto en pensiones. En sus proyecciones hasta 2050, el Ministerio de Seguridad Social estimó que la demora del retiro reduciría el gasto público en un importe equivalente al 0,17% del PIB.

Fuente: Libertad Digital · leer el original