La filtración de los audios de Urda podría constituir un delito de revelación de secretos
La posible responsabilidad penal depende de quién divulgó las grabaciones y de las circunstancias de su difusión. El artículo 417 prevé prisión de uno a tres años cuando la revelación causa un daño grave a la causa pública o a terceros.
Fuentes jurídicas consideran que la filtración de las conversaciones entre los maquinistas de los trenes accidentados en Urda y el centro de control de Adif podría encajar en el delito de revelación de secretos. Esa valoración queda condicionada al análisis de los hechos y a la identificación de las personas que entregaron los audios a la prensa.
Las grabaciones se difundieron después del accidente ferroviario mortal ocurrido este miércoles cerca de la localidad toledana. Una de ellas recoge la conversación del maquinista Antonio Acedo, fallecido en el siniestro, con el centro de control de Atocha, desde donde recibió la orden de reanudar la marcha con normalidad tras un fallo en el sistema eléctrico.
El artículo 417 del Código Penal se refiere a autoridades o funcionarios públicos que divulguen secretos o informaciones conocidos por razón de su cargo y que no deban revelarse. Su modalidad básica contempla una multa de doce a dieciocho meses y la inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años.
Cuando la revelación provoca un daño grave a la causa pública o a un tercero, el precepto eleva el castigo a entre uno y tres años de prisión y entre tres y cinco de inhabilitación especial. Si se trata de secretos de un particular, establece prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo o cargo público de uno a tres años.
La difusión también ha suscitado críticas por sus efectos sobre las personas señaladas. El abogado José María de Pablo sostuvo en X que la publicación de los audios expone ante la opinión pública a un ciudadano amparado por la presunción de inocencia. Atribuyó a la filtración una intención política y afirmó que sería delictiva al existir secreto de sumario.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha informó de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Orgaz asumiría la investigación del accidente. También anunció la activación del protocolo para sucesos con múltiples víctimas mortales y la creación de cinco equipos, cada uno integrado por un magistrado, un letrado de la Administración de Justicia y un forense, para agilizar las diligencias.
Fuente: Libertad Digital · leer el original
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