La dimisión de Puente no demuestra ni ejemplaridad ni culpabilidad

La dimisión de Óscar Puente debe juzgarse como una decisión de responsabilidad política, no como una prueba de virtud ni como una confesión. Tras la tragedia de Urda, el debate corre el riesgo de quedar atrapado entre dos relatos igualmente insuficientes: el Gobierno presenta la marcha como demostración de ejemplaridad y algunos de sus críticos reclaman prisión.

Pedro Sánchez ha utilizado la renuncia para establecer un contraste entre el PSOE y el PP, entre la respuesta a Urda y la gestión de la dana. Pero comparar conductas de partidos no explica las decisiones adoptadas en Transportes. Que un ministro abandone su puesto permite discutir si debía continuar; no resuelve cómo ejerció sus competencias ni qué controles funcionaron.

Hay una contradicción en utilizar la dimisión como argumento para dar por acreditada la calidad del Gobierno. Si la salida expresa una asunción de responsabilidades, lo relevante es identificar cuáles son. Sin esa explicación, el Ejecutivo pretende obtener el beneficio político de la renuncia dejando en segundo plano las razones que la hicieron necesaria.

El exceso contrario tampoco ayuda. Javier Somalo ha defendido que los responsables deberían acabar en prisión. Esa exigencia introduce una conclusión penal donde corresponde distinguir decisiones políticas, acusaciones y responsabilidades acreditadas. Ni la indignación por las víctimas ni la gravedad de una sospecha permiten saltarse esa diferencia.

Las informaciones sobre presuntos favores empresariales durante la etapa de Puente como alcalde requieren un examen separado. No deben emplearse como explicación automática de su salida ni mezclarse con la gestión ferroviaria para construir una culpabilidad por acumulación. Cada acusación necesita sus propias pruebas y la posibilidad de ser rebatida.

Para los ciudadanos, la cuestión no debería reducirse a quién gana el intercambio de reproches. Importan las decisiones sobre la red ferroviaria y la explicación de quienes tenían autoridad para adoptarlas. La dimisión puede cerrar una etapa ministerial; no debe cerrar las preguntas sobre esa etapa. Tampoco permite responderlas de antemano con una absolución propagandística o una condena política disfrazada de judicial.

Fuente: Libertad Digital · leer el original