La dimisión de Puente no cierra la rendición de cuentas por la seguridad ferroviaria

La dimisión de Óscar Puente debe abrir una etapa de rendición de cuentas, no clausurarla. Tras los siniestros ferroviarios que han dejado 116 muertos durante su mandato, su salida de Transportes tiene relevancia institucional por sí misma. Juzgarla principalmente por el daño o el alivio electoral que pueda producir al PSOE desplaza lo esencial: las obligaciones de quien dirige un servicio público del que depende la seguridad de los ciudadanos.

Puente anunció su renuncia después de más de cuatro horas ante la Diputación Permanente del Congreso. También comunicó que no concurrirá en las listas socialistas a las elecciones del 29 de noviembre. Defendió su gestión, pero sostuvo que un ministro no podía continuar después de accidentes de esa gravedad, tuviera o no responsabilidad directa. Esa distinción importa: asumir responsabilidad política no equivale a admitir que una decisión propia haya causado un siniestro.

La misma distinción obliga a no presentar la negligencia como una conclusión demostrada. El número de víctimas exige explicaciones y control, pero no establece por sí solo las causas técnicas ni las responsabilidades individuales. Tampoco basta con reivindicar las inversiones realizadas para acreditar que todas las decisiones de gestión fueron adecuadas. Ni la acusación automática ni la defensa global sustituyen el examen de actuaciones concretas.

En la comparecencia aparecieron cuestiones que merecen ese examen. La portavoz del PP, Ester Muñoz, reprochó al ministro la falta de ejecución presupuestaria y de renovación de sistemas de seguridad. Puente, por su parte, sostuvo que las incidencias del sistema LZB no seguían un patrón y situó los problemas en los soportes físicos. Contrastar esas posiciones resulta más útil para los viajeros que prolongar el intercambio de descalificaciones.

La proximidad electoral tampoco debería determinar la exigencia de responsabilidades. Sumar y el PNV reclamaron la dimisión, mientras ERC evitó pedirla expresamente. Pero ni el respaldo parlamentario convierte una gestión en correcta ni la retirada de ese apoyo demuestra una culpa técnica. El control institucional debe conservar un criterio independiente de las necesidades de cada mayoría.

La marcha de Puente responde a la pregunta de quién continúa al frente del ministerio. No resuelve qué decisiones fueron acertadas, cuáles deben revisarse y qué responsabilidades corresponden. Una dimisión es una consecuencia política relevante; convertirla en punto final sería confundir el relevo de una persona con la rendición de cuentas de una administración.

Fuente: Libertad Digital · leer el original