La candidatura de Puente exige cuentas, no juicios sobre sus votantes

Óscar Puente debe rendir cuentas por su gestión, pero los votantes socialistas no tienen que responder por una identidad colectiva que otros les atribuyan. Esa distinción resulta esencial para fiscalizar al poder: la responsabilidad corresponde a quien ejerce el cargo, mientras que el ciudadano conserva la libertad de decidir su voto sin someterse a un examen de superioridad moral.

Puente continúa al frente del Ministerio de Transportes tras el accidente de Urda y encabeza la candidatura del PSOE por Valladolid. La coincidencia de ambas posiciones hace especialmente pertinente el escrutinio de su gestión. Presentarse a unas elecciones no sustituye las explicaciones que debe ofrecer un ministro, del mismo modo que permanecer en el Gobierno no acredita por sí solo que su actuación haya sido correcta.

Conviene separar, además, la responsabilidad política de la determinación de las causas del accidente. Exigir explicaciones sobre las decisiones y la supervisión del servicio no autoriza a dar por probada una culpabilidad técnica. Pero tampoco hace falta anticipar esa culpabilidad para reclamar transparencia y evaluar cómo responde el responsable público ante una tragedia.

El control democrático pierde precisión cuando, en lugar de examinar al ministro, pretende describir la conciencia de todos sus electores. Haber votado al PSOE anteriormente no permite saber qué hará cada ciudadano ni por qué. Interpretar cualquier apoyo futuro como un acto de fe convierte una decisión individual en una caricatura y debilita la crítica que pretendía reforzar.

La candidatura tampoco debería funcionar como una absolución anticipada. Un resultado electoral permite obtener representación; no certifica la calidad de cada decisión administrativa ni cancela las preguntas pendientes. Quien respalda a un partido puede exigir explicaciones a sus dirigentes sin renunciar por ello a sus preferencias políticas.

El criterio exigente es, por tanto, doble: ninguna lealtad partidista debe proteger al gobernante del escrutinio y ninguna crítica al gobernante debe negar autonomía a sus votantes. La discusión útil sobre Puente empieza en sus obligaciones como ministro, no en una supuesta inferioridad de quienes decidan apoyarlo.

Fuente: elmundo.es · leer el original