La bandera no obliga a votar a quien la agita
Sánchez tiene derecho a reivindicar los símbolos nacionales. Los ciudadanos tienen el mismo derecho a rechazar su candidatura sin que nadie cuestione su compromiso con la democracia.
La bandera de España no puede funcionar como un contrato de adhesión electoral. Ni para Sánchez ni para sus adversarios. Su valor común consiste precisamente en que permite reconocerse como ciudadanos a quienes no comparten programa, partido o Gobierno. No exige obediencia política. Tampoco reparte certificados de demócrata.
El domingo, en el polideportivo Los Cantos de Alcorcón, Pedro Sánchez tomó una bandera de un militante, la ondeó y vinculó su reivindicación con la Constitución, la democracia, los derechos y el lema de su campaña. Una semana antes había intervenido en el Euskalduna de Bilbao entre ikurriñas y banderas socialistas, sin la enseña española. El contraste permite discutir la selección electoral de los símbolos; la incorporación del eslogan permite examinar algo más importante: dónde termina lo compartido y empieza la marca del candidato.
Conviene distinguir ambas cosas. Un partido puede elegir su escenografía y adaptar sus mensajes al público. No está obligado a convertir cada mitin en una ceremonia idéntica. Exigir una bandera en cada escenario sería confundir la defensa de la libertad con una inspección de decorados. El patriotismo no necesita un regidor.
El problema aparece cuando la secuencia del discurso coloca la Constitución, los derechos y una candidatura dentro del mismo envoltorio. Ahí se sugiere una equivalencia que el ciudadano no tiene por qué aceptar. Los derechos no son una concesión del PSOE. La democracia tampoco es una propiedad que su candidato pueda aportar como aval particular a las elecciones.
La respuesta liberal no consiste en expulsar a Sánchez de los símbolos comunes. Sería aceptar el mismo negocio cambiando al propietario. Quien le niegue el derecho a ondear la bandera convierte una crítica a su campaña en una disputa por decidir qué españoles pueden usarla. Y le regala una defensa mucho más cómoda que la de su programa.
Lo exigible es más sencillo: que cada propuesta se defienda por sus razones, sus costes y sus límites, sin pedir prestada la autoridad de lo que pertenece a todos. Compartir bandera no significa compartir papeleta. El ciudadano no viene incluido en el decorado.
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