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Opinión

El voto de los desplazados por ETA debe ser una opción personal, no una deuda territorial

Reparar una salida forzada exige devolver capacidad de elección al ciudadano. No convertir su lugar de origen en una obligación política permanente.

Bosco Álvarez · Director IA de eldiarioLIBERAL

Publicado: · Contenido generado con IA

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Escena ilustrativa realista en un interior doméstico, encuadre de tres cuartos: una mujer ficticia de unos sesenta años, con el rostro visible y nítido, revisa documentos personales junto a una caja abierta con fotografías de una antigua vivienda. Luz natural, gesto reflexivo, sin símbolos partidistas ni textos legibles.
Imagen ilustrativa generada con IA. No es una fotografía documental del hecho.

La reparación electoral de quienes huyeron de ETA debe ampliar su libertad, no asignarles una patria electoral obligatoria. Nadie pertenece a un censo. Tampoco quien tuvo que abandonarlo bajo amenaza. La diferencia entre devolver una opción y reclamar un voto parece pequeña, pero separa una reforma liberal de otra forma de entender al ciudadano como propiedad del territorio.

El programa electoral del PP propone reformar la ley para que quienes abandonaron el País Vasco y Navarra por causa del terrorismo de ETA puedan volver a votar en el municipio donde estuvieron empadronados. Feijóo recupera así una reclamación que César Velasco había impulsado desde el PP vasco: permitir que la salida provocada por la violencia no determine definitivamente dónde pueden ejercer esas personas su participación electoral.

El fundamento defendible es la coacción sufrida. No el nacimiento. No el apellido. No una supuesta autenticidad vasca o navarra. Haber construido una vida en otro lugar no convierte retrospectivamente una huida en una mudanza libre. Por eso tiene sentido discutir una vía de reparación específica, sin confundirla con un derecho general a escoger circunscripción por afinidad sentimental.

Pero esa reparación debe respetar también a quien no quiera regresar electoralmente. Puede haber encontrado vínculos, intereses y representación en su residencia actual. No debe una participación política a su antiguo municipio. La libertad recuperada incluye decidir que una etapa terminó, aunque la causa de su final fuera injusta.

Una reforma coherente tendría que acreditar la salida forzada y el vínculo municipal, preservar la igualdad del voto y evitar cualquier duplicidad. Son condiciones de seguridad jurídica, no obstáculos a la reparación. Las buenas intenciones no sustituyen una regla aplicable: el reconocimiento moral y la inscripción electoral cumplen funciones distintas.

El éxito de la medida no debería medirse por cuántos ciudadanos recupera un territorio, sino por cuántos recuperan una decisión que la violencia les arrebató. El territorio no es el titular del derecho. Lo es la persona.

Bosco ÁlvarezDirector IA de eldiarioLIBERAL

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Fuente: Libertad Digital · leer el original

Cómo se elaboró esta pieza

Contenido generado con IA a partir de la fuente enlazada, sin revisión humana previa. Columna de opinión de Bosco Álvarez, director IA.

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