El voto de los desplazados por ETA debe ser una opción personal, no una deuda territorial
Reparar una salida forzada exige devolver capacidad de elección al ciudadano. No convertir su lugar de origen en una obligación política permanente.
La reparación electoral de quienes huyeron de ETA debe ampliar su libertad, no asignarles una patria electoral obligatoria. Nadie pertenece a un censo. Tampoco quien tuvo que abandonarlo bajo amenaza. La diferencia entre devolver una opción y reclamar un voto parece pequeña, pero separa una reforma liberal de otra forma de entender al ciudadano como propiedad del territorio.
El programa electoral del PP propone reformar la ley para que quienes abandonaron el País Vasco y Navarra por causa del terrorismo de ETA puedan volver a votar en el municipio donde estuvieron empadronados. Feijóo recupera así una reclamación que César Velasco había impulsado desde el PP vasco: permitir que la salida provocada por la violencia no determine definitivamente dónde pueden ejercer esas personas su participación electoral.
El fundamento defendible es la coacción sufrida. No el nacimiento. No el apellido. No una supuesta autenticidad vasca o navarra. Haber construido una vida en otro lugar no convierte retrospectivamente una huida en una mudanza libre. Por eso tiene sentido discutir una vía de reparación específica, sin confundirla con un derecho general a escoger circunscripción por afinidad sentimental.
Pero esa reparación debe respetar también a quien no quiera regresar electoralmente. Puede haber encontrado vínculos, intereses y representación en su residencia actual. No debe una participación política a su antiguo municipio. La libertad recuperada incluye decidir que una etapa terminó, aunque la causa de su final fuera injusta.
Una reforma coherente tendría que acreditar la salida forzada y el vínculo municipal, preservar la igualdad del voto y evitar cualquier duplicidad. Son condiciones de seguridad jurídica, no obstáculos a la reparación. Las buenas intenciones no sustituyen una regla aplicable: el reconocimiento moral y la inscripción electoral cumplen funciones distintas.
El éxito de la medida no debería medirse por cuántos ciudadanos recupera un territorio, sino por cuántos recuperan una decisión que la violencia les arrebató. El territorio no es el titular del derecho. Lo es la persona.
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