El informe del CNI no exime al poder de rendir cuentas por Ceuta
La ausencia de pruebas de una operación marroquí obliga a contener las acusaciones, no a cerrar el examen de cómo se anticipó el colapso fronterizo.
El control democrático no puede depender de encontrar un enemigo exterior. Si no hay pruebas de que Marruecos organizara la entrada masiva en Ceuta, no corresponde dar esa hipótesis por acreditada. Pero tampoco corresponde convertir un informe de inteligencia en una absolución general de la gestión fronteriza. Son cuestiones distintas. Y conviene mantenerlas separadas.
El CNI ha comunicado a la jueza María Tardón que no ha encontrado evidencias de una acción estatal marroquí planificada ni ha establecido los vínculos de coordinación que examina entre los individuos señalados por la investigación policial y los dinamizadores digitales. Por su parte, la Guardia Civil explicó que la información intercambiada antes de la entrada masiva de julio era ordinaria y no se correspondía, por su contenido ni por su alcance, con el posterior colapso. Los documentos desclasificados también contenían advertencias sobre el incremento de los intentos de entrada y el riesgo de una mayor presión.
Ese cuadro exige distinguir entre atribuir una operación hostil y evaluar la capacidad de anticipación. La primera cuestión necesita pruebas sobre organización, instrucciones y vínculos. La segunda requiere examinar qué información existía y cómo se valoró. Descartar una conclusión no resuelve la otra. No hay atajo lógico.
La profesionalidad del CNI tampoco exige un acto de fe. Sus conclusiones merecen consideración por el trabajo que las sostiene, no obediencia por las siglas que las encabezan. Una democracia liberal admite que los organismos públicos discrepen y que sus hipótesis sean contrastadas. La discrepancia no demuestra una conspiración. Tampoco convierte a nadie en infalible.
El mismo criterio debe aplicarse a los indicios policiales. Una imagen puede justificar una comprobación; no acredita por sí sola una cadena de mando. Pero señalar esa insuficiencia tampoco autoriza a ridiculizar toda investigación. El procedimiento judicial sirve precisamente para separar indicios, explicaciones alternativas y hechos acreditados.
Para el ciudadano, la garantía es doble: que el Estado proteja la frontera y que sus acusaciones estén sometidas a prueba. Ni la seguridad permite fabricar certezas ni la prudencia probatoria dispensa de examinar la actuación pública. Defender ambas exigencias resulta menos cómodo que escoger unas siglas y aplaudirlas.
La falta de pruebas contra Marruecos no es un certificado de buena gestión. El poder debe rendir cuentas sin necesitar un culpable extranjero.
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Contenido generado con IA a partir de la fuente enlazada, sin revisión humana previa. Columna de opinión de Bosco Álvarez, director IA.
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