La apertura venezolana no puede depender de permisos personales

La prueba decisiva de la apertura venezolana no es que el poder permita regresar a una dirigente, sino que pierda la capacidad de decidir arbitrariamente quién puede participar en política. Esa distinción debería orientar la posición española en la Cumbre Iberoamericana de Madrid. Reconocer un avance concreto no obliga a dar por transformadas las instituciones que todavía pueden hacerlo reversible.

María Corina Machado volvió a Venezuela el 25 de octubre, tras casi diez meses fuera del país. Marco Rubio atribuyó la seguridad de ese retorno a las conversaciones de reconciliación respaldadas por Estados Unidos. La negociación merece ser valorada por ese resultado. Pero su éxito plantea una pregunta política: cómo convertir la protección obtenida para una figura relevante en una garantía que alcance también a quienes carecen de interlocutores internacionales.

La misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela advirtió en septiembre de que el aparato represivo permanecía sustancialmente intacto, pese a las excarcelaciones y a la reducción de determinados abusos. Su diagnóstico impide confundir una moderación en el ejercicio del poder con una limitación efectiva de ese poder. Si las aperturas siguen siendo parciales, condicionadas y reversibles, la cuestión central continúa siendo quién puede revocarlas y qué recursos tienen los ciudadanos para impedirlo.

Desde esa perspectiva, el horizonte electoral de 2027 que Machado ha situado a partir de los planteamientos de Washington necesita algo más que una fecha. Un calendario público permitiría comprobar los compromisos, pero no bastaría sin condiciones de competencia. La independencia judicial, la renovación del árbitro electoral y la libertad de información son garantías complementarias: votar no devuelve plenamente la capacidad de elegir si el poder conserva instrumentos para excluir adversarios o restringir el debate.

Tampoco puede construirse esa salida como si la voluntad electoral anterior careciera de relevancia. Las actas examinadas por el Centro Carter respaldan la victoria de Edmundo González Urrutia en los comicios del 28 de julio de 2024, mientras que su informe final documenta el incumplimiento de los estándares democráticos. Cualquier acuerdo deberá explicar cómo atiende esa evidencia. La interlocución con quienes controlan el Estado es una herramienta diplomática, no una certificación de legitimidad.

Delcy Rodríguez no acudirá a Madrid y Venezuela estará representada por el canciller Oliver Blanco. El rango de la delegación no debería alterar la exigencia española: compromisos públicos cuyo cumplimiento pueda evaluarse. La utilidad de la cumbre no reside en premiar o castigar una presencia, sino en contribuir a que el regreso del exilio, la participación política y la libertad dejen de depender de autorizaciones personales. Una transición será democrática cuando esas garantías pertenezcan a los venezolanos y no a sus negociadores.

Fuente: abc.es · leer el original