Adif necesita criterios verificables, no un examen de afinidades políticas

La profesionalización de Adif debe medirse por la posibilidad de comprobar por qué se elige a sus responsables y cómo desempeñan su función, no por la ausencia de antecedentes políticos en sus currículos. Sustituir el mérito por la afinidad es un problema; sustituir la evaluación por la sospecha partidista tampoco ofrece una solución.

Cuatro de los ocho principales directivos de Adif han ocupado cargos en gobiernos socialistas o tienen vínculos con el PSOE. Varios cuentan también con experiencia técnica. Ambas circunstancias pueden coexistir: la trayectoria política no anula una cualificación profesional, pero esa cualificación tampoco basta para dar por justificada cualquier designación.

La pregunta útil es qué requisitos exige cada puesto y por qué la persona elegida resulta adecuada para ejercerlo. Un procedimiento abierto, con criterios conocidos y méritos contrastables, permitiría discutir decisiones concretas en lugar de convertir cada nombramiento en una disputa sobre lealtades. Quien nombra debería poder explicar su elección sin recurrir a la confianza personal como argumento definitivo.

El accidente de Urda añade urgencia al debate, pero exige separar los planos. Óscar Puente ha apuntado a un error humano de un operador del centro de control de Adif. Esa atribución no sustituye a la investigación, que deberá determinar qué falló y por qué. Tampoco los vínculos políticos de los directivos permiten atribuirles la causa de los accidentes de Urda y Adamuz.

La evaluación institucional no tiene por qué esperar a que se resuelvan esas causas. Examinar cómo se selecciona a los responsables es distinto de imputarles un siniestro. Confundir ambas cuestiones facilita dos atajos igualmente improductivos: presentar la afinidad como prueba de culpabilidad o invocar la investigación pendiente para evitar cualquier explicación sobre los nombramientos.

La estabilidad profesional también necesita condiciones. Proteger a un responsable técnico frente a un relevo partidista puede favorecer su autonomía, pero no debería blindarlo frente a una evaluación de su trabajo. La independencia requiere margen para discrepar y obligaciones para responder por las decisiones adoptadas.

Para los usuarios del ferrocarril, lo relevante no es disponer de una dirección sin biografía política, sino de una organización cuyos responsables acrediten capacidad y estén sujetos a controles. La reforma útil sería la que hiciera verificables ambas cosas: el mérito para acceder y el desempeño para continuar.

Fuente: elmundo.es · leer el original